Desde diferentes perspectivas se está intentando repensar la problemática del Estado en Bolivia, en sus distintos componentes. Sin duda, el proceso de discusión fue motivado con la generación de propuestas a la Asamblea Constituyente y las posibilidades de incorporar cambios en el ordenamiento político e institucional nacional, pero fundamentalmente fue producto de las movilizaciones y cuestionamientos sociales a los límites del Estado.
Lamentablemente, al menos en los medios de comunicación y en la polémica cotidiana de café, el tema se encuentra atrapado entre dos visiones que confrontan por una parte a la defensa del Estado de derecho —que actualmente rige en la Constitución— y por otra al Estado plurinacional propuesto en la nueva. Evidentemente esta confrontación trivializa el tema y lo reduce a una discusión ideológica adscrita a posiciones cerradas.
No es mi interés aquí entrar en una discusión académica al respecto, porque no corresponde en este espacio, pero sí llamar la atención sobre la necesidad de pensar en las razones por las cuales se plantea la reforma o transformación del Estado y su pertinencia.
Si nos remontamos a los últimos veinte o veinticinco años, se puede constatar que a pesar de las múltiples ventajas que reportó el régimen democrático y las reformas institucionales implementadas, la aplicación del modelo económico neoliberal no logró revertir los índices de pobreza, desempleo y desigualdad social, y los partidos políticos que alternaron en el poder tampoco lograron responder eficazmente a las múltiples necesidades sociales, produciendo la consecuente crisis de dichos ejes (económico y político) y el descrédito de la sociedad en el orden político institucional, socavando las bases del sistema y cuestionando sus estructuras fundamentales.
Pero, además, la crisis del modelo reveló las principales fracturas no resueltas históricamente en el país, las mismas que actualmente articulan las posibilidades de construcción de un nuevo horizonte político; éstas tienen
componentes económicos (desigualdad y pobreza), territoriales (cuestionamiento al centralismo estatal), socioculturales (exclusión y discriminación) y políticos (ineficiencia e ineficacia estatal y déficit representación), que se sintetizan en un Estado desfasado de la dinámica social y política. Por lo cual, evidentemente, sin desandar los avances realizados, se requiere de la construcción de un Estado más representativo de la diversidad y heterogeneidad estructural boliviana.
En distintos países de América Latina se ha diagnosticado e implementado un conjunto de reformas relacionadas con el funcionamiento del aparato del Estado, tanto para frenar administraciones patrimonialistas y clientelistas como para mejorar la calidad de la gestión mediante la incorporación, por ejemplo, de mecanismos de rendición de cuentas y de dispositivos para mejorar la eficiencia de la gestión. Si bien estas iniciativas han logrado resultados importantes, resultan insuficientes si se abstraen de las condiciones de la sociedad sobre la cual se sostienen; en el caso de nuestro país, si no se remiten a las contradicciones y conflictos económicos, sociales y culturales no resueltos.
No se trata, en definitiva, de eliminar o sustituir el Estado de derecho, sino de sintonizarlo con la realidad.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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