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En el mensaje del martes, se esperaba que el Presidente tomara una decisión y le diera una dirección a la Ley de Hidrocarburos en cualquiera de los dos sentidos legales posibles, esto es, promulgarla u observar artículos y devolverla al Congreso. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Y salió por un lado insospechado: observó “conceptualmente” el conjunto de la ley, lo que en una palabra quiere decir veto, con el argumento de un supuesto riesgo de ruptura de la unidad del país (una alerta por demás delicada como para que el Presidente no diera ni una sola pista ni explicación que respalde esa afirmación).

Y acompañó su “observación conceptual” a la ley con la convocatoria a un encuentro de más de 70 personas —algunas de ellas, y no poco importantes, han afirmado ya que no asistirán—, que sin proponérselo parece desautorizar a las instituciones llamadas por ley para ocuparse de este asunto: el Congreso y el propio Presidente. Es decir, volvió a enfrentarse con el Congreso.

Que la ley es mala y que no contribuirá en nada para que se produzcan mayores inversiones en Bolivia, es algo que se da por descontado. Que la ley fue politizada desde el primer momento, y que fue punta de lanza contra las empresas transnacionales con la intención de nacionalizarlas, no cabe duda. Que el resultado del referéndum del 18 de julio pasado fue un fracaso completo y que alentó a que todos los sectores lo interpretaran a su gusto para elaborar la ley que les conviniera, está fuera de discusión. Y también está claro que la ley se convirtió en el arma contundente de los sectores radicales para debilitar a Carlos Mesa y al resto del Parlamento. Pero precisamente todas esas condiciones —y en todo caso con mayor razón— debieron llevar a Mesa a asumir su responsabilidad de Presidente de la República, con facultades que la Constitución le otorga, y no tirar el bulto para otra parte ni ganar tiempo.

él fue el gran gestor del referéndum, él alentó en la población una disposición constitucional peligrosa cuando expresó que el resultado de la consulta llevaría a una nacionalización diferida. Carlos Mesa parece olvidar que ya no es el moderador de la televisión, donde no asume responsabilidades ni toma una opinión. Es el Presidente, con todo lo que ello implica.

¿Puede el país continuar viviendo en la incertidumbre? ¿Qué va a determinar una reunión que actuará al margen del Parlamento? ¿Se puede discutir la Ley de Hidrocarburos y otros tres temas igual de complejos en una reunión así? ¿Entonces, es una pequeña Constituyente? ¿Y si es así, quién la eligió? ¿Quiere S.E. retornar a octubre del 2003 como si no hubiera pasado nada? ¿Qué ha hecho entonces Carlos Mesa en todo este período?