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La OIT estima que en América Latina y el Caribe, el trabajo forzoso genera ganancias que llegan a los 1.300 millones de dólares. Este diagnóstico figura en el estudio de la OIT denominado "Una alianza global contra el trabajo forzoso" que fue presentado ayer en Lima, Perú.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Audalia Zurita, aseguró que en el país los trabajadores de los campos de caña de azúcar de Santa Cruz y Bermejo y los de castañas en el norte amazónico son víctimas de trabajo forzado, al igual que los trabajadores agrícolas que prestan servicios en el Chaco boliviano.

Aunque no se tienen registros oficiales, y sólo como ejemplo, la Asamblea del Pueblo Guaraní calcula que cerca de 900 familias indígenas, unas 5.500 personas, viven cautivas en fincas de Santa Cruz y Chuquisaca, donde son obligados a trabajar en oficios diversos sin remuneración, sin horarios justos, sin beneficios sociales y sometidas a maltratos físicos y psicológicos. La denuncia fue confirmada meses atrás por una comisión formada por el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Viceministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos. Esa comisión se internó en el Chaco boliviano y recorrió dos provincias de Santa Cruz y Chuquisaca, donde verificó la existencia de indígenas

explotados en haciendas ganaderas. La Razón y Agencias