• EN LA PLAZA MURILLO • Decenas de efectivos militares reforzaron las medidas de seguridad en el Palacio de Gobierno.

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Según un informe recogido por La Razón en el Gran Cuartel General de Miraflores, de ese total nueve mil se encuentran en La Paz, de los cuales cinco mil fueron concentrados en El Alto, donde se concentra la fuerza del movimiento social a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Central Obrera Regional (COR), quienes demandan la nacionalización del gas.

Los restantes cuatro mil efectivos, según la fuente, fueron desplazados entre las localidades de Viacha, Patacamaya y Oruro. Los efectivos militares movilizados pertenecen a la primera y segunda división del Ejército, al cuarto distrito naval y a varias unidades de la Fuerza Aérea Boliviana.

“No se romperá el ordenamiento democrático. No habrá cierre del Parlamento. La Constitución nos autoriza a imponer el orden, el costo va a ser tremendo, vamos a apagar el incendio y le vamos a llamar al hombre que tiene consenso”, afirmó la fuente militar consultada.

Esta posición de las FFAA tiene respaldo en el artículo 208 de la Constitución Política del Estado, que establece la misión de la institución militar respecto a la seguridad y estabilidad del país.

En Santa Cruz fueron movilizados cinco mil efectivos pertenecientes a la cuarta y quinta división del Ejército. Vinieron, además, desde Boyuibe y Camiri.

“Esto se debe exclusivamente a tomar previsiones para evitar que grupos radicales tomen acciones contra la ciudadanía, hay demasiadas amenazas de que van a volar puentes y tomar pozos petroleros, que no lo vamos a permitir”, señaló el comandante de la octava división del Ejército, general Tomás Peña y Lillo en una conferencia de prensa realizada en la capital cruceña.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos advirtió de un posible enfrentamiento entre uniformados y campesinos colonizadores de San Julián, que mantienen un bloqueo.

El ministro de Gobierno, Saúl Lara, admitió anoche que sólo tenía conocimiento de la movilización de tropas en Santa Cruz.

Las tropas militares fueron movilizadas después de los enfrentamientos entre civiles y uniformados registrados ayer en Sucre y de que en la localidad de Yotala —en la carretera Potosí-Sucre— cayó la primera víctima de la movilización social. En horas de la mañana, en el Gran Cuartel de Miraflores de La Paz, las Fuerzas Armadas cuestionaron —a través de un comunicado— al poder político porque no ejerció su mandato constitucional, por lo que decidieron declararse en estado de alerta máxima, para supervisar el proceso social. “Mientras no se rompa el sistema constitucional, el proceso democrático, seguiremos siendo los supervisores de todo el proceso”, advierte.

Señala que la actuación de las FFAA será firme, “pero también respetuosa de los derechos humanos y de todo lo que constituye nuestros mecanismos legales para evitar enfrentamientos entre bolivianos y coadyuvar a la solución de nuestros problemas”.

“Las Fuerzas Armadas de la nación siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos y en el marco de sus atribuciones actuarán de ser necesario para preservar la integridad y soberanía nacional, el imperio de la ley y la defensa de la democracia, advirtiendo a los que quieren destruirla que el último bastión de la patria, que somos nosotros, aún permanece incólume para cumplir su sagrado deber”, se lee en el comunicado militar.

El comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, alertó al país de un posible enfrentamiento entre bolivianos.

“El enfrentamiento entre compatriotas es el más grande riesgo que se corre, pero la comunidad de inteligencia de las FFAA está identificando todo aquello cuya información es elevada al Poder Ejecutivo para que se nos dé las instrucciones pertinentes”, agregó.