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Es cierto que el nuevo Jefe de Estado tiene una tarea prioritaria que cumplir, en realidad es la razón de ser de su gobierno. Ella es llevar a buen término las elecciones previstas en la Constitución, que, en este caso excepcional, deben realizarse en el plazo máximo de 180 días. A pesar de la trascendencia de tal compromiso, la otra prioridad de su gestión tiene que ser la economía, tarea de tanta importancia como aquella para asegurar la buena marcha del país.

En este sentido, es indispensable cuidar del cambio monetario, la inflación, el déficit fiscal y, en general, la disciplina fiscal. No es fácil hacerlo, de ahí la urgencia de atenderlos con el mayor de los celos. Cualquier desfase que se produzcan en estos componentes puede afectar al resto, lo que derivaría en inestabilidad económica.

Es un acierto del presidente Rodríguez haber decidido que no se hagan nuevos emprendimientos en el campo económico, debido a la transitoriedad de su gestión. En todo caso, por lo que optó es continuar la aplicación del plan económico puesto en marcha en las postrimerías de la administración anterior. Coincide en esto con el empresariado nacional, que ha pedido ejecutar dicho plan de la manera más oportuna y eficiente.

Alrededor de 50 decretos han sido ya dictados para aplicar el plan y ahora lo que corresponde es darles una acelerada ejecución. Entre ellos están, para citar algunos, disposiciones encaminadas a estimular las exportaciones, el turismo, el aprovechamiento interno más intensivo del gas natural, la construcción del puerto Busch, el tendido de la ferrovía a este puerto, la construcción y conclusión de nuevos caminos, la licitación internacional para la explotación e industrialización de los yacimientos mineralógicos del Mutún y la mecanización del campo, mediante la provisión de tractores, motocultores, motobombas y sembradores de grano.

El Gobierno tendrá, esta vez sí, que dedicar sus mayores esfuerzos para lograr la incorporación de Bolivia al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En este asunto deberá tener presente que se corre el riesgo de quedar marginados del mayor mercado del mundo, del peligro que se cierne sobre la producción agroindustrial de Santa Cruz de quedar sin mercados y del inminente riesgo de que se produzca el cierre de centenares de empresas manufactureras instaladas en La Paz y El Alto, lo que determinaría que queden sin fuentes de trabajo más de 60.000 personas.

El año pasado ha sido favorable para la economía nacional, por el incremento que hubo en los volúmenes de producción, pero principalmente por los altos precios vigentes en el mercado internacional. Estas circunstancias favorables siguen latentes en el 2005, de ahí que, en los seis meses que quedan para terminar la gestión, hay que hacer todo lo posible en alcanzar los resultados más positivos que se puedan.