Dos bloques se niegan a ceder La fecha de la elección de los prefectos vuelve a generar conflictos, porque los cívicos y legisladores del oriente definieron que se realizará el 12 de agosto. El MAS no acepta esa decisión.
Intensas reuniones • El presidente Eduardo Rodríguez (centro) recibió ayer a los indígenas del oriente.
La fecha de la elección de prefectos es el obstáculo para el acuerdo nacional que construye el Gobierno para convocar a las elecciones generales. Ese tema enfrenta al MAS —que exige que los comicios sean aplazados— con los cívicos cruceños —quienes reclaman que se cumpla su demanda y las disposiciones legales que ya fueron emitidas—.
Y aunque no hay una definición al respecto, la polémica es clara y traba la posibilidad de avanzar en un tema que es parte de la agenda única que busca el Ejecutivo. Más allá de las posiciones, el delegado presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, anunció ayer que el Gobierno apuesta a realizar las elecciones prefecturales en la misma fecha que las generales.
Los comicios para elegir prefectos de departamento son una demanda de los cruceños, como un paso previo a las autonomías. Ese pedido fue atendido por el anterior Gobierno y se determinó que ese acto se realice el 12 de agosto. En atención a esa solicitud, la Corte Nacional Electoral inició el proceso establecido en el Código Electoral, aunque luego recomendó suspenderlo porque la nueva coyuntura, de un gobierno de transición, determina que el gasto será en vano.
La posibilidad de unificar ambos procesos se planteó el martes, luego de una reunión entre el presidente Eduardo Rodríguez y la máxima autoridad del Congreso, Hormando Vaca Díez.
Muchos sectores del occidente se mostraron favorables a esta posición, empezando por el alcalde paceño, Juan del Granado, quien visitó al MAS para pedir que acepte esa opción.
Sin embargo, la sola posibilidad de postergación causó revuelo en los cívicos cruceños, que organizaron una reunión con sus similares de Tarija, Beni y Pando.
El encuentro comenzó ayer en Cobija y hoy se analizará la “apuesta del Gobierno” para hacer elecciones generales y prefecturales en una sola fecha, en diciembre. Pero adelantaron que rechazarán cualquier decisión inconsulta que pueda asumir el Ejecutivo sobre ese proceso.
Los cívicos y legisladores del oriente aclararon que no permitirán que el Mandatario ceda a las presiones del MAS y de la COR de El Alto para postergar las prefecturales, y que defenderán lo que consideran como "el derecho legítimo de profundizar la democracia participativa".
Algunas horas antes de que se inicie la reunión de los cívicos, el delegado Presidencial, Jorge Lazarte, visitó al jefe de bancada del MAS, Antonio Peredo. Fue el inicio de reuniones con los dirigentes de partidos políticos para arribar a consensos.
"El delegado nos informó que en el tema de los prefectos, que pensamos había un acuerdo general, tiene la negativa del Comité Cívico Pro Santa Cruz", dijo.
Lazarte admitió que el principal problema que imposibilita que las distintas partes "se avengan a una solución común" es que "hay demasiadas propuestas, demasiadas ideas, demasiados cálculos" de los sectores.
Los concejos toman cuerpo
El delegado Presidencial, Jorge Lazarte, adelantó que los principales avances para alcanzar un acuerdo nacional son la aceptación para conformar las instancias preconstituyente y preautonómica.
Lazarte se mostró optimista respecto al futuro de los acuerdos y añadió que hasta ahora ya se logró "un punto de partida que es el de aceptar el carácter inevitable del proceso de elecciones generales, probablemente para fin de año".
Además destacó que la mayoría de los sectores con los que se reunió ha aprobado la conformación de consejos preautonómico y preconstituyente, aunque aclaró que esto se tiene que convertir en una decisión, ya que hasta ahora lo que se ha hecho es "sólo una propuesta".
Representantes de partidos políticos manifestaron su apoyo a la conformación de las instancias y plantearon sugerencias para definir cómo y quiénes serán parte de los consejos.
Lo que se espera es que tengan la mayor participación posible y que trabajen coordinados con representantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones afines a los procesos.