• ENCUENTRO EN EL PALACIO • El presidente Rodríguez (fon-do) durante la reunión con la Fejuve de El Alto, la tarde de ayer.

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Paredes dijo que la elaboración y operativización del plan está a cargo de los gobiernos municipales de ambas ciudades, de la Prefectura paceña, Samapa y el Ministerio de Obras Públicas. “Hemos preparado un programa de contingencia y vamos a tratar de salir adelante para que no se interrumpa el servicio”.

Ayer, venció el plazo para que AISA renueve las boletas de garantía que paga en forma anual para seguir operando. Pese a la insistencia por conocer su determinación, la inversora no se pronunció al respecto, aunque el martes, su gerente general, Alberto Chávez, dijo que Aguas del Illimani se encontraba “imposibilitada de gestionar la renovación de las boletas de garantía".

Explicó que desde el punto de vista legal, como el Gobierno afectó el contrato (mediante DS 27973), no tendrían la obligación de presentar la boleta de garantía porque la relación contractual está en una fase de terminación.

El valor de las tres boletas de garantía llega a los 15 millones de dólares: cinco millones por el cumplimiento de contrato, tres millones por el contrato de régimen de bienes a SAMAPA (es decir, por la administración de los bienes que se recibió en condición de alquiler), y otros siete como garantía de las inversiones. Para el Alcalde alteño, la no ejecución de las boletas de garantía, puede ser “el pretexto para romper el contrato legalmente” con la transnacional francesa.

De hecho, Aguas del Illimani busca una salida concertada al conflicto, sin embargo, advirtió que si no se llega a un acuerdo en seis meses, llevará el caso a un arbitraje internacional.

Tanto el Superintendente de Servicios Básicos, Álvaro Camacho, como el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Abel Mamani, coinciden en que en este caso extremo, las auditorías que el Gobierno pretende ejecutar probarán que Aguas del Illimani incumplió su contrato.

Ayer, el presidente Eduardo Rodríguez recibió a Paredes, por la mañana, y a Mamani, durante la tarde, para conversar al respecto. El Alcalde, que espera la solución del tema esta semana, sostuvo que el Mandatario comprometió “interponer sus acciones” para llevar a buen término las negociaciones sobre la salida.

El miércoles, el Jefe de Estado instruyó a los responsables de negociar la salida que, como prioridad, se garantice el servicio.

El gobierno de Mesa decidió el alejamiento de AISA, con el decreto 27973, en enero de este año, después de que los alteños paralizaran esa ciudad por más de una semana pidiendo su salida. Los argumentos utilizados entonces fueron la baja cobertura, en particular en los distritos 8 y 9, y el alto costo del suministro.

Sobre la nueva entidad que se haría cargo de operar el servicio, aún se barajan tres posibilidades: una de conformación pública, otra mixta (idea que convence más a los alcaldes de La Paz y El Alto) o una privada (a través de una nueva licitación).