Cuando en una sociedad suceden cosas que debieran ser denunciadas, pero aparentemente pasan inadvertidas; podría tratarse de la antesala de acontecimientos mucho más dramáticos y en mayor escala. Cuando las primeras víctimas son observadas con indiferencia, en lugar de que se les preste la debida atención o se analice objetivamente las circunstancias que explican su condición de indefensión; podría tratarse de una situación de permisividad muy cercana a la complicidad.
Cuando la pasividad y el temor se apoderan de grandes grupos poblacionales, manteniéndolos callados frente a las arbitrariedades; podría ser que inconscientemente estén a la espera de su turno. ¿Cómo se explica tanta permisividad frente a agresiones inadmisibles a los derechos ciudadanos garantizados por nuestro ordenamiento democrático?
Más allá del desencanto de la población por la insuficiencia en los resultados de nuestro proceso democrático, no se puede desconocer que en la actual coyuntura histórica uno de los puntos más importantes de consenso entre los bolivianos está dado por su compromiso con el sistema democrático. A pesar de los esfuerzos de los ideólogos de la cultura de la negación/oposición —cuya mayor fortaleza está dada por la debilidad del adversario—, diferentes sondeos de opinión pública han confirmado que los bolivianos no están dispuestos a retornar a regímenes autoritarios, ni tampoco a formas autoritarias que intentan ser explicadas a partir de supuestas costumbres ancestrales.
Si bien en nuestra aún joven democracia hemos sido testigos de una serie de actos atentatorios a los derechos ciudadanos amparados por ley, no cabe duda de que los progresos alcanzados respecto de los tiempos de dictadura son indiscutibles. En todo caso, las violaciones o quebrantamientos fueron las excepciones y los propios mecanismos e instrumentos de la democracia, se encargaron de hacerlos visibles ante los ojos del ciudadano común y de las autoridades competentes.
Nadie duda ni está en cuestión la necesidad de introducir cambios profundos en las estructuras mismas de nuestra democracia, pero dichos cambios no pueden ser guiados por unos pocos que ni siquiera cuentan con niveles básicos de legitimidad y se desenvuelven en escenarios de alarmantes niveles de temor y presión.
Tampoco resulta admisible que del lado de la resistencia al cambio, otros pocos pretendan frenar la rueda de la historia mediante acciones ilegales. Sin embargo, lo cierto es que cotidianamente somos testigos de acciones arbitrarias y antidemocráticas alentadas por supuestos dirigentes sociales, cívicos y políticos que, mediante el uso de los mecanismos de presión a su alcance, desafían abiertamente nuestra democracia.
Es necesario romper los círculos de permisividad y denunciar a quienes sobre la base del temor intentan modificar las actuales estructuras. Sólo la fuerza de las propuestas e ideas debe imponerse en la concepción de la nueva Bolivia y de sus instituciones.
Es necesario romper la escalada del miedo y la presión que moviliza a personas por causas que de otra forma no tendrían ningún apoyo, y que inclusive obliga a autoridades ejecutivas y judiciales a actuar al margen de sus propias convicciones y del ordenamiento legal. Quienes hoy se muestran permisivos y tolerantes frente a esos abusos podrían ser las víctimas de mañana.
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