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La niña Estéfani Mallco, de ocho años de edad, fue asesinada la mañana del miércoles por un depravado sexual, que luego de haberla ultrajado sexualmente, la golpeó y la mató con 18 puñaladas. Semejante noticia no puede causar otro efecto que la indignación, la ira y la sensación de que la inseguridad en el país es cada vez más crítica.

Estéfani desapareció la tarde del lunes en el barrio de Villa Copacabana, en un sitio no precisado en el trayecto que todos los días hacía, desde una fundación donde ella pasaba la tarde hasta su casa, mientras su madre trabajaba para mantener a la pequeña y a sus dos hermanas menores. Su cuerpo fue encontrado el jueves, con huellas de que sufrió vejámenes que sólo caben en una mente enferma. El propio forense que le hizo la autopsia declaró, compungido, que éste era el asesinato más cruel que había conocido en su trayectoria profesional.

De inmediato, este crimen ha movilizado a padres de familia y estudiantes que demandan a la justicia, el castigo más duro contra él o los autores del crimen. Pues éste no es el primer caso que conmueve a la sociedad paceña y al país. A fines de la década de los 80, un niño murió luego de que fuera ultrajado; después, en septiembre de 1999, otra escolar, Patricia Flores, fue víctima de la violencia sexual y luego asesinada. En Cochabamba, también se recuerda el caso de la niña Karen.

En todos ellos, la reacción fue parecida: una comunidad indignada que llegó a reclamar incluso la pena de muerte contra los violadores, escuchó el compromiso de las autoridades para que el asunto sea investigado con el mayor profesionalismo posible, pero el resultado, en la mayoría de los casos, ha sido frustrante. Probablemente, ése sea uno de los factores para que la Policía tenga registrados muchos casos irresueltos de niños violados y golpeados y que no llegan a conocimiento de los medios de comunicación.

Sin embargo, el que nos ocupa, sin pretender afectar la sensibilidad que han provocado los anteriores, puede ser tratado de manera diferente, para establecer precedentes en los que todos, la ciudadanía y las autoridades, deberían estar comprometidos. En primer lugar, la Policía y el Ministerio Público deberían trabajar de manera coordinada, como no siempre lo hacen. Sus mejores recursos humanos y equipos —incluso aquellos que aún no han sido aprovechados como el Instituto de Investigaciones Forenses—, tendrán que realizar una investigación profesional que convierta el indicio en sospecha fundada y la sospecha fundada en prueba, si se quiere que la justicia cumpla con su delicada misión. No puede repetirse el caso de la niña Patricia, en el que la Policía Técnica Judicial, presionada por la opinión pública, presentó indicios con afirmaciones condenatorias, que no dieron lugar al debido proceso.

También ésta es una oportunidad para que los medios de comunicación consideren que el esclarecimiento del caso es muchísimo más importante que la primicia informativa, que el trascendido o la transmisión en vivo. En esa línea, La Razón no buscará la "patada" informativa, pero tampoco dejará el caso, que puede ser tratado desde otros enfoques. Es necesario aceptar el principio de reserva que la Fiscalía y la Policía pueden aplicar cuando se trata de casos tan importantes como éste.