• CABILDO CRUCEÑO • El 28 de enero de 2005, alrededor de 400 mil personas asistieron en Santa Cruz a un cabildo que demandó autonomía.

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La coyuntura permite finalmente vislumbrar la posibilidad de un Estado y una institucionalidad fortalecidos o, como señala el historiador José Luis Roca, “la cristalización de los primeros pasos descentralizadores y autonómicos a través de la elección de autoridades regionales”.

Así, fuera de la lides, la construcción de un Estado subnacional estaría definiendo sus bases. Y es que el debate sobre las autonomías había adquirido, en los últimos meses, un nivel de virulencia que llegó a la exacerbación de posiciones de intransigencia, regionalismo y maniqueísmo. Todos estos ingredientes enfrentaron posiciones y desvirtuaron un proceso en el que se había trabajado desde diferentes regiones del país desde hace mucho tiempo, siempre con la visión de profundizar la democracia y preservar la unidad del país.

No obstante, en un contexto de crisis como el que se vivió en los últimos meses, el tema autonómico fue cuestionado, emparentándolo inclusive con intereses secesionistas, perdiendo de vista sus posibles contribuciones como un instrumento de democratización del poder.

Pero, ¿fue únicamente un contexto político adverso el que generó este ambiente contrario a la discusión y el entendimiento de lo que representa un régimen autonómico? Según Carlos Hugo Molina, “la primera respuesta es la resistencia de los niveles centrales a descentralizarse, lo que explicaría la reacción de los actores perjudicados”. Molina, ex prefecto de Santa Cruz, opina que “la crisis del Estado incorporó grados de confusión y de ausencia de gobernabilidad democrática que generaron procesos políticos débiles frente a la irrupción de movilizaciones sociales que priorizaron demandas coyunturales”. Con ello coincide José Luis Roca, quien afirma que se alentaron “falsos enfrentamientos”, como aquel que regionalizó el asunto autonómico, deslegitimando un proceso que “es beneficioso para todo el país”. De manera que al difícil momento político que derivó en polarizaciones de toda naturaleza, se habría sumado una resistencia histórica del poder político a dar paso a una reforma que traslade —o comparta— poderes a las regiones.

En todos estos años, desde varias regiones y departamentos, e incluso desde sectores sociales y políticos, se viene discutiendo y conformando iniciativas diversas en torno a la necesidad de proceso autonómico y descentralizador. Aunque el protagonismo —y también el antagonismo que se creó en torno a lo autonómico— haya estado últimamente identificado con la posición cruceña, son varias las mociones en la mesa del debate nacional. Carlos Hugo Molina identifica 27 propuestas existentes en todo el país. Por su parte, el consultor y especialista Carlos Urquizu resume en tres formas las propuestas de autonomías.

La primera, en varias versiones, se basa en la federación de mancomunidades o las regiones autónomas a partir de las provincias; las versiones más conocidas en esta categoría son la realizada por el MAS y la propuesta del Consejo Departamental de Chuquisaca.

La segunda tiene varias versiones y podría sintetizarse bajo el rótulo de Autonomías Indígenas; entre las más conocidas se encuentra la propuesta de álvaro García Linera. Finalmente, la tercera categoría es la de autonomías departamentales, que se impuso actualmente bajo el proyecto cruceño, considerado el más completo y estructurado.

óscar Ortiz, gerente general de la Cainco, sostiene que Santa Cruz “nunca se creyó con el derecho de imponer su visión” y que la discusión sobre los aspectos que consoliden el proceso nacional surgirá en los próximos meses. En cualquier caso, los expertos insisten en que el miedo a las autonomías no tiene sustento. Por el contrario, este podría ser el momento en que se plasme en hechos el ansiado reordenamiento del Estado, en pos de una modernización del mismo y una verdadera profundización de la democracia.

    Demanda histórica

La historia boliviana constata que los ideales descentralizadores estuvieron presentes en varios momentos de la vida nacional. No obstante, a pesar de esto la resistencia al fraccionamiento del poder fue evidente. La sociedad civil ha ido conformando consensos importantes, como los que se apreciaron en 1993, cuando la Ley de Descentralización fue apoyada por instituciones departamentales y las organizaciones sociales, aprobada en el Congreso y finalmente frenada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, a partir de 1994, la aprobación de la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades permitió consolidar el espacio municipal como reducto de participación de la sociedad civil.