Víctimas
Agustín Echalar Ascarrunz*

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Hace exactamente cinco años y 11 meses, los paceños vivimos con el mismo estupor e indignación que tenemos ahora el trágico destino de la niña Patricia Flores, violada y asesinada en su escuela.

Vivimos pero también una historia lateral, la del hombre que fue acusado de cometer el crimen, vimos casi en vivo y en directo su linchamiento físico, y en diferido el linchamiento mediático del que fue objeto.

La historia de entonces nos ha dejado un sabor extremadamente amargo, primero por la muerte brutal de la niña, luego por la impericia, por la dejadez, y por comportamientos francamente sos- pechosos de parte de por lo menos uno de los jueces que atendió el caso. Me refiero al rechazo de ese cretino de aceptar como tales las pruebas y el informe del ADN que la embajada americana mandó hacer en Washington en los laboratorios del FBI.

Hasta hoy el verdadero culpable no ha sido condenado, el injustamente acusado no ha sido compensado por todas las vejaciones que ha sufrido y por los años que ha pasado en la cárcel. No sólo no ha habido justicia, sino que el juez (vale decir el Estado) ha cometido una aberrante injusticia.

En este momento, en vez de activar posiciones emotivas para instaurar la anacrónica pena de muerte, lo que toca es hacer un seguimiento serio para ver si la Policía aprendió la amarga lección de hace casi seis años.

Los casos tanto de Patricia como de Estéfani no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana. Los pedidos de aumentos de penas, de modificación del Código de Procedimiento Penal, o de instauración de la pena capital, son fariseos, demagógicos e irresponsables. Los asesinos de las niñas pertenecen a otra esfera de la categoría humana y nada tienen que ver con la crisis económica, el desempleo o la pobreza; son gente enferma, que debe ser tratada como tal, y que quede claro que esta aseveración no significa abogar por una condonación de pena, sino más bien por un aislamiento indefinido.

Un violador y asesino potencial no se abstendrá porque la pena será mayor, y la Policía tampoco debería poder prevenir un acto de un delincuente potencial. De lo que se trata es de manejar este tema con sensatez y con cordura, no se trata de buscar un chivo expiatorio en el primer transeúnte desprevenido, se trata de investigar seriamente y no al calor de plañideras y lamentos, por muy genuinos que éstos sean.

La doble tragedia del caso de Patricia fue que nuestra sociedad se permitió, de yapa, una atroz vejación a un inocente, la suerte es que no tenemos pena de muerte, y que afortunadamente esa vez no funcionó la maldita justicia comunitaria, por lo que aún estamos a tiempo de rectificarnos.

*Agustín Echalar
es periodista independiente.