• EL CERRO SANTA BÁRBARA • La imagen muestra una parte del lugar que la ex alcaldesa Gaby Candia expropió en La Paz.

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El alcalde Juan del Granado, y el director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Fernando Velásquez, lamentaron que el vencimiento de los plazos procesales y las chicanerías (artimañas, procedimientos de mala fe) a las que recurren los abogados de las partes acusadas hayan derivado en resultados poco alentadores.

Del Granado dice que la comuna “está confrontando con los ritmos siempre lentos de los operadores judiciales y las estrategias dilatorias de los procesados que han logrado, en algunos casos, la nulidad de obrados por un fallo del Tribunal Constitucional y que costó reiniciarlos”. Sin embargo, aseguró que seguirá trabajando “hasta que los corruptos sean sentenciados”.

Recordó que las gestiones municipales de Gaby Candia, Germán Monroy Chazarreta, Lupe Andrade y Julio Mantilla, en la década del 90, fueron “nefastas”, y que la retardación en las estructuras del Poder Judicial se ha convertido en una especie de mecanismo que garantiza una “impunidad peligrosa” para la vida institucional del país.

Sólo para recordar algunos ejemplos, citó el caso Gader, las luminarias chinas, Mallasa, Santa Bárbara y las deudas al Fondo de Pensiones, de los que —según Fernando Velásquez— la comuna espera recuperar aproximadamente seis millones de dólares al finalizar los litigios.

Mencionó que actualmente la Alcaldía lleva adelante más de dos mil casos, entre procesos ordinarios, penales, usucapiones, coactivos fiscales y civiles. El dispendio que representa continuar con esta labor se acerca a los 100 mil bolivianos cada año.

“Son gastos judiciales para la adquisición de formularios, timbres, notificaciones, remisión de obrados y otros”. Como ejemplo dijo que para la compra de valores y su remisión a Sucre, en el caso Santa Bárbara, la Alcaldía gastó algo más de 600 bolivianos.

Este proceso (Santa Bárbara), en primera instancia concluyó dictando una pena de ocho años de presidio para la ex alcaldesa Gaby Candia, por el delito de uso indebido de influencias. En su defensa, ella y otros sentenciados apelaron. Actualmente, la causa se halla en la Corte Suprema. Entre tanto, Gaby Candia de Mercado está en libertad. En el caso de deudas al Fondo de Pensiones, la justicia condenó a tres años de prisión a Germán Monroy y Lupe Andrade. El proceso se encuentra a la espera de una resolución en la Fiscalía de Distrito, toda vez que los acusados demandaron su extinción, recurso que fue rechazado.

En todos los casos en que solicitó la extinción del proceso, explicó Velásquez, el municipio actuó para reiniciarlos. “Ninguno corre el riesgo de no proseguir hasta lograr sentencia”.

Entre tanto, se conoce que las ex autoridades municipales gozan de libertad. Lupe Andrade atiende su defensa desde la sociedad civil. En el caso de Germán Monroy Chazarreta está conminado a presentarse a los juzgados cada cierto tiempo, como garantía de su libertad provisional. Mientras que Julio Mantilla nunca estuvo recluido.

El concejal Pablo Ramos lamentó que los procesos avancen de manera muy lenta, hecho que no permite advertir resultados positivos hasta la fecha.

“La retardación en las estructuras del Poder Judicial se ha convertido en un mecanismo que garantiza una peligrosa impunidad” (Del Granado)

Contra las malas prácticas

En el marco de la lucha contra la corrupción, el alcalde Juan del Granado dijo que la comuna paceña ha puesto especial énfasis en el área de prevención, con acciones a través del programa Transparencia.

Explicó que como resultado se atendió decenas de denuncias y reclamos que son motivo de procesos administrativos contra funcionarios que mantenían antiguas formas de corrupción que deben ser eliminadas. Sostuvo que La Paz es el único municipio que tiene una línea gratuita abierta a la comunidad para evitar que se reproduzcan las prácticas corruptas.

El concejal Pablo Ramos, sin embargo, aseguró que habiéndose eliminado de la Ley Safco el control previo, no se puede descubrir un hecho de corrupción si no es a denuncia y con pruebas. “Algunos actos no dejan huellas”.

    Los cuatro casos descubiertos que provocaron perjuicio al municipio paceño

El caso Santa Bárbara, que involucra a la ex alcaldesa Gaby Candia, es el primero que culminó con sentencia, pero que aún no concluye por las apelaciones realizadas por la defensa de la parte acusada. Los otros procesos que lleva adelante la Alcaldía de La Paz avanzan lentamente en la justicia. Desde la comuna se advierte procedimientos de mala fe.

CASO GADER

Antecedentes • Se trata de un proceso irregular de contratación. El 14 de mayo de 1999, el ex alcalde Germán Monroy Chazarreta dictó una Resolución por la que se contrata, por excepción, a la firma GADER SRL, por la suma de $us 1.800.000 para la elaboración de un Sistema Integrado de Recaudaciones Tributarias. El proceso de contratación no consideró las normas y reglamentos vigentes, habiéndose cancelado a la empresa GADER SRL $us 1.070.000 por el trabajo.

Procesados • Germán Monroy Chazarreta, Lupe Andrade, Julio Mantilla, Gastón Valle, entre otros. En total 19 implicados.

Estado actual • En fecha 22 de junio se remitieron obrados a Vista Fiscal, a objeto del requerimiento sobre las solicitudes de extinción de la acción penal, presentadas por los distintos procesados. Una vez que se emita dicho requerimiento se dictará Resolución con referencia a la prosecución o no de la presente acción.

MALLASA

Antecedentes • En diciembre de 1997 la ex alcaldesa Gaby Candia aprobó resoluciones y planimetrías afectando áreas que pertenecen al Parque Nacional Mallasa, declarado patrimonio del país, permitiendo el ingreso de particulares para el establecimiento de urbanizaciones. El ex alcalde Germán Monroy, mediante resoluciones ilegales, prosiguió el caso afectando premeditadamente el patrimonio. Una internación médica de Monroy dilató el proceso.

Procesados • Germán Monroy, Gaby Candia, Jorge Caro, Lupe Andrade, Gloria Aguilar , Cesar Sánchez, entre otros 30.

Estado actual • El Juez declaró “no ha lugar” las solicitudes de extinción de la acción. Se notificó a los 35 imputados, quienes están interponiendo recursos de apelación. Una vez los imputados concluyan con la interposición del recurso, se remitirán obrados a la Corte Superior de Distrito para la tramitación de la apelación.

LUMINARIAS CHINAS

Antecedentes • En mayo de 1998, el Concejo Municipal autorizó el viaje de Germán Monroy a Beijin-China, donde se suscribió un contrato con la empresa Xuzhou para la compra de 80.000 luminarias por un costo de $us 7.372.000, bajo la modalidad de crédito a cancelar en un plazo de siete años. Se incluyó una adenda por $us 1.000.000 para los repuestos y $us 1.620.00 para otros productos. La empresa recibió un pago de un millón de dólares por el contrato.

Procesados • Germán Monroy, Julio Mantilla, Lupe Andrade, Eduardo Valdivia y otros funcionarios que suman 19.

Estado actual • Los obrados se remitieron a Vista Fiscal, a objeto del requerimiento sobre las solicitudes de extinción de la acción penal, presentadas por los distintos procesados. Una vez que se emita dicho requerimiento, se dictará Resolución con referencia a la prosecución o no de la presente acción iniciada por la comuna.

SANTA BÁRBARA

Antecedentes • En 1997 la ex alcaldesa Gaby Candia firmó la resolución de expropiación de un terreno ubicado en la zona de Santa Bárbara, valuado en Bs 8.744.00. La autoridad ordenó se proceda al pago. El asesor legal de entonces giró el cheque a nombre de Raúl Gonzalo Salas. Este es el primer caso de corte que concluyó con una sentencia de ocho años de presión para Gaby Candia, por el delito de Uso Indebido de Influencias. Sin embargo, la ex autoridad está libre.

Procesados • Gaby Candia, Armando Azin Imaña, César Quiroga, Juan A. Cuenca Eyzaguirre, Ricardo Almeida, Rodolfo Lovo, entre otros implicados.

Estado actual • La Corte Superior de Cochabamba se declaró incompetente para atender la apelación de los sentenciados. A objeto de sustanciación del conflicto de competencia entre las cortes superiores de Cochabamba y La Paz, el 24 de junio de 2005 se remitieron obrados a la Suprema.