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Una amplia mayoría de los bolivianos dio su voto afirmativo a la quinta pregunta del referéndum sobre el gas —efectuado el 18 de julio de 2004— por el que se determina que los recursos de la exportación e industrialización del gas se destinarán principalmente a los servicios de salud, educación y caminos.

Hasta ahora nada de esto está sucediendo, por lo que el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez debe acatar la decisión del referéndum sobre el destino de los ingresos del gas, desde el momento que tiene un carácter vinculante, o sea obligatorio.

Más allá de la polémica sobre si fue un acierto o un error, el pronunciamiento ciudadano que salió del referéndum tiene que respetarse de la forma más escrupulosa. Esta será la primera vez en que se dispone de un fondo seguro para mejorar sustancialmente los servicios de salud e impulsar decididamente el mejoramiento de la educación. Se trata de dos necesidades básicas que están directamente relacionadas con los índices del desarrollo humano, en los que Bolivia tiene las peores calificaciones de la región.

Cuando se cuide mejor la salud de los bolivianos y se mejoren consistentemente los niveles de la educación, el país habrá dado un gran salto en lo que concierne a su desarrollo social. En forma paralela, al atacar estos dos flancos, se luchará efectivamente contra la pobreza, que es el mayor problema que tiene Bolivia

Lo primero que debería hacerse es fijar los montos que se destinarán a la salud y educación de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para lo que tendrán que efectuarse planes anuales, en los que se determinen los objetivos perseguidos. Al mismo tiempo, definirse las asignaciones que se harán en cada caso.

En salud pública el país se halla muy rezagado, empezando por la necesidad de acabar con la mortalidad materno-infantil y terminando en la buena atención que deben recibir las personas de la tercera edad. Además, el grueso de la población debe contar con más hospitales generales y especializados y que sus servicios sean gratuitos, incluyendo por lo menos el 50% del costo de los medicamentos, pues nadie se enferma por gusto.

Respecto a las personas de la tercera edad, hay la necesidad de prestarles una mejor atención que la que reciben desde el 2003, cuando se instituyó la gratuidad en los principales centros de salud. Al presente, la atención que reciben es muy precaria. De otro lado, en las provincias se carece de hospitales y de personal médico. Por último, tiene que ponerse fin a los paros y huelgas en el sector de salud, la mayor parte de los cuales se producen por causas económicas.

En cuanto a la educación, tiene que cumplir con lo que determina la propia Constitución, de que es la primera función del Estado. Si bien la generosa cooperación internacional ha estado construyendo y reparando escuelas, queda aún mucho por hacer para que mejore la calidad de la educación. Tiene que generalizarse —tanto en el área urbana como rural— la instalación de redes informáticas, que en estos tiempos son el mecanismo indispensable para la formación de los niños y los jóvenes. A la vez, hay que pagar mejores sueldos a los maestros, sólo así se les podrá exigir la superación de la educación boliviana.