Cae la ministra que intentó dar tierras protegidas por ley Institucionalidad • El presidente Eduardo Rodríguez dijo que el cambio lo hizo para que la política pública referida al tema tierras sea desarrollada en el marco de la prudencia y la concertación. La ex ministra Peredo no estuvo en el acto.
Buenos deseos • Luego de tomar el juramento, el presidente Eduardo Rodríguez saluda a su nueva Ministra de Desarrollo Sostenible, ayer en la noche, en el Palacio de Gobierno.
Irma Peredo intentó llevar adelante un plan nacional de acceso a la tierra con una débil concertación, y aunque el propio presidente Eduardo Rodríguez le pidió que amplíe ese proceso, la ex ministra iba a iniciar el diálogo en Santa Cruz, donde ya había avanzado considerablemente en su intento de redistribuir un millón de hectáreas de uso forestal y de aplicar el Plan de Ordenamiento Predial como mecanismo para medir la función económica y social. Finalmente, ayer fue destituida como ministra de Desarrollo Sostenible.
El presidente Rodríguez dijo que era “por razones institucionales” y pidió que una política pública, más si está relacionada con el tema tierra, sea llevada con prudencia, con el mejor análisis y en consenso.
La ex ministra no acudió al acto de posesión de su sucesora. Su plan tenía como base cuatro decretos y un proyecto de ley. Dos de los decretos los consensuó con la dirigencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), según confirmó a La Razón el presidente de esa institución, José Céspedes.
El empresario dijo que efectivamente hubo varias reuniones entre la directiva de la CAO y la ex ministra, “atendiendo una política definida por el propio presidente Rodríguez”.
“Hubo reuniones técnicas para concertar dos decretos. Uno referido al tema del Plan de Ordenamiento Predial y el otro a la desafectación de un millón de hectáreas para posibilitar su mejor uso. Estos temas estaban ahí, pendientes, sin ninguna solución”, explicó Céspedes.
El presidente de la CAO indicó que el cambio de Peredo sorprende y molesta a su organización porque nuevamente queda en incertidumbre el tema tierras, pese a todo lo avanzado.
Pese a la concertación entre la ex ministra de Desarrollo Sostenible y la CAO, el plan no fue presentado y el Mandatario pidió un proceso de concertación mayor, el mismo que se preparaba en Santa Cruz, según informó ese despacho el lunes.
“Este es el ánimo que tiene el gabinete, el Presidente, en cuanto que es un tema delicado y que exige una respuesta que procure mayor prudencia, mayor consenso, y sobre todo tome en consideración que nuestra administración es transitoria, lo cual nos exige preservar la norma y aquel orden que es tan frágil todavía en este ámbito”, dijo Rodríguez al momento de posesionar a Martha Beatriz Bozo Espinoza como ministra de Desarrollo Sostenible.
“Hemos procurado encontrar una profesional como es la doctora Bozo, cuya trayectoria en el ámbito del Derecho Agrario es destacable, pero, sobre todo, el equilibrio que va a procurar encontrar en estos escenarios donde la confrontación puede generar disputa. Es tiempo de agradecer a quienes nos acompañaron en este despacho”, expresó en referencia a Peredo.
Además de intentar llevar adelante el plan de acceso a la tierra, Peredo cambió a cuatro de los cinco viceministros y a varios directores de área, entre ellos el del Sernap, John Gómez, quien desarrolló una importante labor en las áreas protegidas.
Esos cambios provocaron que el 5 de julio la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) envíe una carta a la ex autoridad en la que le pedía que evite remover a personal técnico que en más de un caso accedió al cargo por méritos y en el marco de la institucionalización.
No se descartan más cambios en Desarrollo Sostenible. También se pidió la renuncia del Viceministro de Planificación.
“Efectivamente hubo reuniones técnicas para concertar dos decretos”. José Céspedes, presidente de la CAO.
El Perfil
Hoja de vida • Martha Beatriz Bozo Espinoza estudió el bachillerato en el colegio María Auxiliadora de La Paz y obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés. Se especializó en Derecho Agrario en la Universidad Interamericana de San José de Costa Rica.
Docencia • Ejerció la docencia en la Escuela Militar de Ingeniería, en el diplomado de Derecho Agrario de la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier, y en la maestría de Derecho Agrario de la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras.
Ocupaciones • Trabajó en la Corte del Distrito de La Paz y hasta ayer ocupaba un cargo en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planeamiento.
La CAO acordó con el Gobierno estas 2 medidas
La redistribución de tierras • Este plan, que tenía que ser un decreto supremo, fue diseñado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible en coordinación con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El documento tenía que disponer la exclusión, de manera excepcional, de un millón de hectáreas de tierras protegidas por ley que se encuentran destinadas a la actividad forestal y que, de acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor de la Tierra (CUMAT) y al Plan de Uso de Suelo (PLUS), eran aptas para otros usos. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Sostenible indicaron que la mayor parte de esas tierras están en el departamento de Santa Cruz.
Sin embargo, José Céspedes, de la CAO, dijo que el millón de hectáreas de tierras iban a ser distribuidas en todo el país. El documento, según el Ministerio de Desarrollo Sostenible, otorgaría seguridad jurídica y evitaría los avasallamientos, “reduciendo la tensión social”.
La función económica • Este plan era otro decreto coordinado con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El mismo tenía que reglamentar el procedimiento de verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra. Debía establecer un instrumento válido para medir el cumplimiento de la función económica social a través del Plan de Ordenamiento Predial (POP). De esa manera sólo se registraba a partir del ordenamiento y no de la función económica social que se rige por el principio de que la tierra es de quien la trabaja. Según la información embargada, lo que buscaba el plan era evitar la discrecionalidad, favorecer la transparencia y facilitar el trabajo del INRA, agilizando los tiempos dentro del proceso de saneamiento y bajando los costos en las pericias de campo. Asimismo, otorgaría seguridad jurídica.