• NIÑOS EN SAN PEDRO • En esa cárcel hay pequeños que viven con sus padres. Los reos temen por su seguridad.

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Según datos del último censo de penitenciarías, hay 1.330 niños junto a 7.310 reclusos, entre los que están sus padres.

Aunque Santa Cruz resulta con la mayor concentración de niños en las cárceles, con 568 casos, sobre todo concentrados en Palmasola, le sigue de cerca La Paz con 315 menores que tienen a sus familiares encarcelados en tres penales, a excepción de la cárcel de Alta Seguridad de Chonchocoro, en el altiplano.

"Solamente San Pedro concentra a unos 205 niños que provienen de 200 familias al interior de esta microciudad penitenciaria. Por eso, es imprescindible respetar nuestras propias normas, tan antiguas como este mismo centro de reclusión", explicó Basilio Fernández, presidente de los delegados de reclusos de San Pedro.

El reo advirtió que el código de conducta preserva "ante todo la sana convivencia, la moral y las buenas costumbres”. En tanto, la ley contempla un sistema de sanciones de hecho para los internos contraventores.

El sistema de normas se aplica en el caso de "transgresiones" como robos, hurtos, peleas, acosos, intrigas y otras acciones que afectan la convivencia. Si esto ocurre, hay un escarmiento a través de la "arroba", que es una golpiza generalizada, o el "fondeo, que consiste en sumergir al sancionado en un pozo de agua, durante toda la noche.

Más allá, los internos reprueban y recriminan con mayor rigor delitos "tan deshonestos" como la violación, el abuso sexual de niños y más si esa acción es seguida de asesinato. "Estas personas reciben la repulsa generalizada. Ni los asesinos ni los narcotraficantes reciben tanta recriminación como los violadores de niños", relató Fernández.

"Los violadores de niños, en su caso psicópatas asesinos no pueden convivir con nuestras familias, son un peligro. El Gobierno debe crear reclusorios para enfermos mentales", dijo.

Con 12 años de presidio, Fernández recordó sólo dos casos en la historia de San Pedro. Primero, el aparente suicidio del interno Gonzalo Peñaranda, autor de la violación y asesinato al niño Álvaro Tavera, a finales de los años 80 y, segundo, el ultraje y muerte de una niña en el año nuevo de 1998 por parte de un interno, quien fue trasladado inmediatamente a un penal de máxima seguridad.

En San Pedro, el violador detectado es castigado con trabajos forzosos. Puede ser tres meses de "rancho" en la cocina pública y otros tres meses de "saloneo", limpiando y fregando pisos. "Si la población considera que ha purgado su culpa lo admite, de lo contrario, debe pedir su inmediato traslado", señaló el dirigente de los reclusos de San Pedro.

Por su parte, el director de ese penal, coronel Ramiro Ulloa, manifestó que la misión de la Policía es hacer cumplir estrictamente la ley y velar por la reclusión pacífica y productiva con fines de rehabilitación social. No obstante, hay un gran déficit policial en todos los penales de Bolivia, según datos oficiales.

Al respecto, el director general de Régimen Penitenciario, Tomás Molina, indicó que si bien estas prácticas superan la legalidad prevista por la Ley de Ejecución Penal, que contempla un régimen disciplinario y de sanciones, "es evidente que la convivencia familiar en los penales coadyuva a la pacífica, sana y respetuosa convivencia".

El 19 de julio, poco después de conocerse la violación y asesinato de la niña Estéfani en El Alto, los reclusos de los penales de San Pedro, Chonchocoro y Palmasola en Santa Cruz anunciaron que no admitirán más abusadores de niños, amenazando que no se responsabilizan por la seguridad de esos internos. Desde entonces, la Dirección de Régimen Penitenciario recibe denuncias de discriminación contra agresores de niños encarcelados.

Según los datos de la Dirección de Penitenciarías, la violación es el tercer delito de ocurrencia que reporta más reclusiones. Actualmente, en todos los penales de Bolivia hay 800 presos por este delito. Sólo en San Pedro de La Paz se contabilizan, actualmente, 147 casos y 1.028 en los últimos 35 años.

"Serían más si todas las acusaciones llegarían a los tribunales, expresó Tomás Molina. De acuerdo a un monitoreo de la Calidad de la Administración de Justicia en el área penal, relevado por la Corte Suprema y la ONG "OCadem", de cada 100 querellas que llegan al Ministerio Público, 96 son rechazadas.

"Mucha gente prefiere callar por razones de honor; otros por la imposibilidad económica”.