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    Otro grupo defiende el Código. Los juristas, en cambio, consideran necesario reformar la Policía y diseñar una política contra el crimen.

    Medidas cautelares en tela de juicio. Policía, Fiscalía y movilizaciones cuestionan el principio de la libertad contra los delincuentes.

    Un botón de muestra. El asesino confeso de la niña Estéfani salió en dos ocasiones de la cárcel y volvió a cometer el mismo delito.

La aplicación de la justicia en el país se encuentra en medio de un fuego cruzado entre policías y juristas. Unos culpan a los otros, pero lo cierto es que coinciden en la necesidad de hacer reformas, ya sea en el Código de Procedimiento Penal o en el trabajo de la Policía y la Fiscalía.

Mientras la institución del orden y el Ministerio Público culpan al Código de Procedimiento Penal por la creciente ola delictiva, los juristas que diseñaron la norma, hace más de cinco años, consideran que la solución a la inseguridad no es su modificación, sino la reforma de la Policía y el diseño de una política contra el crimen, también atribuible a la entidad verde olivo.

El debate sobre la necesidad de modificar el Código de Procedimiento Penal se oyó con más fuerza en las calles, pasillos del Congreso, oficinas del Poder Ejecutivo y medios de comunicación, como consecuencia del brutal asesinato de la niña Estéfani ocurrido hace casi tres semanas. Madres de familia, niños y políticos exigen cambios en la norma con el argumento de que no responde a la necesidad de justicia, puesto que es muy flexible con los delincuentes que son detenidos, pero luego liberados con demasiada facilidad.

Esta situación fue reconocida por el nuevo presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandóval, quien dijo que, si bien faltan recursos en la Policía y en la Fiscalía, también es cierto que algunos jueces dejan en libertad a los delincuentes, pese a las evidencias, o los llevan a juicios abreviados con penas muy leves.

La Fiscalía y la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, por su lado, incentivan la modificación de las medidas cautelares, que son aquellas dispuestas por el juez para asegurar el correcto desarrollo del proceso y para que el acusado esté a disposición para la investigación. Por eso, algunas veces se dispone la detención y, otras, la libertad condicional.

El Ministerio de Gobierno tiene un proyecto de modificación del Código de Procedimiento que tiende a endurecer estas medidas.

La Policía también observó las medidas cautelares, pues afirmó que los delincuentes, una vez liberados por los jueces, salen a las calles para continuar con sus fechorías. Según el subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jorge Aracena, “los jueces tienen una interpretación ligera del Código”, motivo por el que liberan a los delincuentes con la sola presentación de garantías. “Los jueces no ven la peligrosidad de liberar a los antisociales, que al salir cometen delitos en cadena”.

El caso de Juan José Poma Pocacoma, el asesino confeso de Estéfani, es un ejemplo de esto. Según el director de la PTJ, Miguel Estremadoiro, el hombre violó a otras tres niñas de entre seis y ocho años de edad. Una de ellas le reconoció el día en que fue detenido.

El hombre es un ex convicto que estuvo recluido en la cárcel de San Pedro y liberado en dos oportunidades. La primera —con el antiguo sistema—, el 25 de julio de 1997, por el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien ahora dice no acordarse del caso. Y la segunda, con el Nuevo Código de Procedimiento Penal, el 15 de marzo del 2002, por el juez primero de Partido en lo Penal, César Quintana.

Leticia Lorenzo, directora ejecutiva del Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (Ceja), dice que es un “mito” que las cautelares sean la falencia del Código. Y es que con datos recabados por Ceja en un informe sobre las experiencias de la aplicación de la justicia en Latinoamérica, afirma que “el 75 por ciento de los presos está detenido por medida cautelar y sólo el otro 25 por ciento está con condena firme”.

Lorenzo señala que debe hacerse un seguimiento a la etapa preparatoria de la investigación, “porque si no ponemos los ojos ahí, por más que se modifique el Código, seguirán los problemas en la justicia”.

El abogado constitucionalista Luis Vásquez opina que es necesario evaluar las normas de manera permanente, pero que el problema de la falta de justicia no radica en el Código, sino en la ausencia de una política criminal. “En Bolivia, la Policía, que debía ser el órgano que produce normas político-criminales, no lo hace”. Según Vásquez, “en la medida en que ciertos órganos que tienen que ver con el control de la seguridad ciudadana, como la Policía, tengan vinculación con determinados fenómenos delictivos, la inseguridad ciudadana no se superará”.

René Blattmann, impulsor de la reforma judicial en Bolivia, en declaraciones a El Nuevo Día, dijo que el nuevo Código nació cojo, puesto que no le acompañaron la reforma policial, el Instituto de Medicina Forense ni una Defensa Pública sin filiación política.

“El grave tema es que en Bolivia, la Policía, que debía ser el órgano que produce normas político- criminales, no lo hace”, Luis Vásquez.