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Cuando en el exterior siguen las dudas acerca de la capacidad de Bolivia de superar sus problemas, el espectáculo que están dando regiones e instituciones para la asignación de los recursos que generará el nuevo sistema tributario del gas, parece confirmar los peores presentimientos y sospechas.

La Ley de Hidrocarburos propone un sistema tributario, que las empresas cuestionan a tal punto que se han negado a cumplir los compromisos de exportación que superen la actual cifra. De todos modos, como si esos ingresos estuvieran asegurados, en los últimos tiempos se ha formado una larga cola de pedigüeños que “exigen” una porción de esos ingresos.

Rectores de universidades que no aprobarían el más elemental examen de eficiencia en otros países, incluso vecinos, prefectos que no han hecho una sola demostración de buen manejo de los recursos, alcaldes ineptos o demagogos, todos, están en la fila, bajo el rótulo de “beneficios para todos”.

Exigen su parte, como si hubieran participado en la formación de las capas geológicas que dieron lugar a los apetecidos yacimientos de gas del Chaco. El espectáculo es lamentable. Muestra que los bolivianos son adictos a los ingresos producidos por la explotación de recursos naturales no renovables. Y que conciben la vida solamente como una práctica que consiste en encontrar tesoros ocultos en la tierra, que hay que dilapidar, en espera de que aparezcan otros.

Ojalá participaran en la tarea colectiva de construir país ofreciendo alternativas para producir más, para generar riqueza y empleo. Esos sectores que reclaman una tajada de la torta del gas, también debieran hacer esfuerzos por participar de una manera más eficiente en la generación al menos de ideas, en lugar de sólo extender la mano para pedir.

El Banco Mundial ha hecho saber que si Bolivia desea ser beneficiada con la condonación de la deuda externa anunciada por los países de la G-8, debe suscribir un compromiso de transparencia en el manejo de los recursos que genere esa operación.

El método podría ser utilizado dentro del país para la asignación de los recursos del gas natural. Los recibirían solamente aquellos departamentos que fueran capaces de garantizar no la transparencia, sino por lo menos el libre tránsito por sus territorios. Allí donde se garantice que no habrá bloqueos que frenen el progreso, llegarán los recursos. Sólo allí.

Junto con esa exigencia se podría incluir un examen elemental sobre el uso de recursos. Que las universidades muestren que están contribuyendo al progreso del país, o a formar mentalidades aptas para hacer un país, y no todo lo contrario, como ocurre ahora, a título de la llamada “autonomía”.

Los pocos profesionales que llegan a egresar en el frondoso y costoso árbol de la ineficiencia universitaria, se van del país. Sus colegas maestros se ocupan de crear el ambiente propicio para que cada vez sean más pocos los estudiantes capaces de vencer las pruebas.

Estas son las organizaciones que piden una tajada.
Lo que está viviendo el país con esto de la asignación de los recursos del gas es una de las más crudas pruebas de que el futuro de la nación está en franco peligro.