• LA OEA • El organismo regional analizó varios casos, entre ellos el de Bolivia. En la foto, José Miguel Inzulsa (izq.) y Roberto Álvarez (der.) aparecen con el nicaragüense Enrique Bolaños.

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La recomendación la hizo en Washington el presidente del Consejo Permanente, el dominicano Roberto Álvarez, luego de que el embajador boliviano, Marcelo Ostria, presentara ante ese organismo un informe sobre la situación del país. Después, la OEA aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a la democracia boliviana y al gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez.

Álvarez aseguró que los bolivianos tienen el derecho de solicitar a todos y cada uno de los actores políticos claves “un pacto nacional mediante el cual se comprometan de manera solemne a respetar los resultados emanados del certamen electoral programado para diciembre”.

El Consejo Permanente de la OEA instruyó además a la Secretaría General elaborar un programa de cooperación electoral para Bolivia, en respuesta a una solicitud del Gobierno boliviano.

La cooperación técnica acompañará varios procesos electorales, incluida la elección general convocada para diciembre, la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre autonomía regional del año próximo. La resolución del Consejo Permanente alienta además “a todos los sectores políticos, sociales y económicos para que continúe un diálogo amplio que fortalezca el estado de derecho, a través de procesos electorales libres, justos y transparentes”.

La sesión del máximo órgano político permanente de la OEA dio inicio con una exposición de Ostria, embajador en misión especial enviado por el gobierno de Rodríguez para explicar la crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia.

Álvarez destacó la importancia de escuchar a Ostria en este “momento decisivo en la historia política y democrática” de Bolivia.

Ostria aseguró que la inestabilidad que llevó a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003 y la renuncia de su sucesor, Carlos Mesa, en junio de este año, tuvo altos costos económicos y políticos.

“Habrá que convenir en que la repetición de la sucesión presidencial necesariamente constituye una interrupción en la deseada continuidad de las instituciones”, indicó el embajador.

Sin embargo, reconoció la legitimidad de los reclamos sociales y aseguró que el reto ahora no se limita a restaurar las bases del ejercicio político democrático, sino que “en último término, tendrá que librarse (una lucha) contra la pobreza crítica y la exclusión social”. Redacción y AP