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Bolivia se ha mostrado como una nación compleja, de difícil manejo, de permanente zozobra. Aun terminada la época fáctica, concluidos los cuartelazos frustrados y los golpes sangrientos, la nación no se ha sacudido de un estigma que parecía haber concluido en 1982 —más todavía en 1985— cuando se estableció en el país un nuevo ordenamiento económico que, en su momento, no dejó de llamar la atención en las naciones desarrolladas y, por cierto, entre los países vecinos.

Pero todo eso se fue desmoronando a medida que crecía el descrédito de la llamada clase política y la nación se paralizaba por marchas y bloqueos. De esa manera se llegó hasta estos días en que propios y extraños se reúnen para analizar el caos que se presenta en Bolivia y la forma democrática, inteligente y práctica de superarlo.

Nada es novedoso en cuanto a las recetas que requiere el país para crecer, pero vale la pena resumir éstas de todas maneras. En general, se coincide en que sin gobernabilidad ni seguridad jurídica no hay posibilidad de que una economía crezca y sea confiable. Esa no es una novedad para nadie, pero sin ser novedad, no se aplica en Bolivia. La inestabilidad política y social de los últimos años ha sido una clara muestra de que el país se alejó de las pautas mínimas para pretender un crecimiento satisfactorio. Se sabe que la inseguridad jurídica no permite captar inversión extranjera y aquello se refleja en la nación de una manera dramática.

Un estudio de la Corporación Andina de Fomento sintetiza —de acuerdo a un análisis de este medio periodístico— que el crecimiento económico se enfoca en tres aspectos: la inserción internacional, la transformación productiva y la inclusión social. El presidente de la CAF, Enrique García, agregó que el desafío regional (no sólo de Bolivia) es lograr un crecimiento económico incluyente, participativo y que respete tanto la diversidad cultural como el ambiente. Además, dijo Enrique García, el reto es que mejoren las condiciones de vida de la sociedad y se promueva la expansión sostenida de las diferentes formas de riqueza que tiene América Latina.

Gobernabilidad, seguridad jurídica plena, inserción internacional, inclusión social y crecimiento económico incluyente y participativo, transformación productiva, apoyo mutuo entre el sector público y privado para hacer efectivas las políticas sociales, y no dejar de lado la productividad en favor solamente de la macroeconomía, parecieran ser las recetas que, con mayor seriedad, debería encarar el Estado boliviano. Como se observa, parecen ser fáciles en el papel, pero de hecho son complejas en la realidad. Habrá que esperar los planteamientos que aparezcan de cara a las nuevas elecciones generales.