Las petroleras se apuran para definir su futuro en el país La Cámara de Hidrocarburos solicita reuniones con el Congreso y el Ejecutivo. Sugiere que hay un retraso de parte del Gobierno. En tanto, en Palacio dicen que no se ampliará el plazo para la migración de contratos petroleros.
EL SECTOR PETROLERO • El gerente de la CBH, Carlos Alberto López, dijo ayer que las inversiones petroleras en Bolivia cayeron en un 40% en el primer semestre de este año.
Mientras el Poder Ejecutivo descartó ayer pedir al Congreso una ampliación del plazo para la migración de los contratos petroleros, las compañías del sector mostraron su intención de que este proceso se acelere lo antes posible para resolver la situación de sus inversiones en Bolivia.
El gerente de Comunicación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Carlos Alberto López, aseguró ayer que las compañías están buscando un acercamiento con el Ejecutivo y el Congreso para hacer conocer sus observaciones a la ley, ya que los nuevos contratos deben estar sujetos a esta nueva norma.
“Las empresas no sólo quieren, sino que están buscando desde hace tiempo un acercamiento con el Gobierno y el Congreso”, aseguró el ejecutivo.
Por su lado, el Ejecutivo descartó ayer pedir una ampliación del plazo para que las empresas negocien la reconversión de sus contratos, pese a las explicaciones del ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, del porqué es necesario ampliar este proceso.
Julio Pemintel, vocero de Palacio, afirmó ayer que la actual gestión gubernamental cumplirá con el plazo de 180 días, tal cual lo establece la nueva Ley de Hidrocarburos. Esta posición fue respaldada por el presidente del Congreso, Sandro Giordano, quien, luego de reunirse con el presidente Eduardo Rodríguez, aseguró que se cumplirá la ley petrolera y que no hay pedido oficial de ampliación del plazo.
En este contexto, La Razón pudo conocer que otra empresa petrolera recurrió el miércoles al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. El gerente de Comunicación de la CBH confirmó que Pan American Energy notificó al Estado boliviano sobre esta su decisión, con lo que suman ya cinco las compañías que recurren a esta medida legal que permite una negociación previa antes de ir a un juicio.
Previa a esta notificación, el 8 de julio, las empresas Repsol-YPF, Total y British Gas presentaron sus cartas, por separado, al Poder Ejecutivo. La estadounidense Vintage lo hizo el 1 de agosto. Bajo este panorama, la situación se torna compleja para el Gobierno. Por un lado, tiene que negociar la reconversión de los 71 contratos petroleros y, por el otro, atender estas cinco notificaciones.
Para López, el principal problema es la actual Ley de Hidrocarburos, la cual es confiscatoria, inviable y atentatoria contra la seguridad jurídica.
Asimismo, el gerente de la CBH reclamó el hecho de que el Gobierno aún no se haya reunido con ninguna de las empresas petroleras. “Primero se deberían poner en mesa cuáles son las objeciones que se tienen, y después el Estado boliviano tendría que ver cuál es la forma de lidiar con estas preocupaciones”.
Según López, pasados los 180 días de la notificación, Repsol, British Gas y Total “están habilitadas, no obligadas, a ir a un arbitraje internacional”. Mientras que en el caso de Vintage, y ahora de Pan American Energy, el Estado dispone sólo de 90 días para concertar una solución, afirmó.
Con estos plazos, las empresas esperan que el Gobierno nombre cuanto antes un interlocutor válido para iniciar la conciliación. Sin embargo, López adelantó que será difícil, ya que las compañías rechazan aspectos de fondo de la ley.
Entre los puntos que el sector petrolero rechaza está la obligatoriedad a migrar de contratos, porque considera que debe ser un acuerdo entre partes, la nueva carga impositiva y el carácter confiscatorio de la ley.
El Surtax se aplica por primera vez desde 1996
Como resultado de un largo proceso de fiscalización, el Estado boliviano logró cobrar a las empresas petroleras alrededor de cuatro millones de dólares por el Surtax, informó ayer el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rafael Vargas.
El Surtax es un impuesto adicional a las utilidades o a las ganancias extraordinarias por la explotación hidrocarburífera en campos grandes o megacampos (Margarita, San Alberto, San Antonio, Sábalo e Itaú). “Por primera vez el país ha podido cobrar el Surtax por un monto equivalente a 4 millones de dólares”, puntualizó el presidente del SIN.
El 25 de noviembre de 1996, el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó una disposición legal por la que se disponía el pago de una alícuota adicional de 25 por ciento a las empresas que explotan recursos naturales no renovables.
Desde esa fecha, los sucesivos gobiernos intentaron en vano cobrar este impuesto extraordinario a las empresas petroleras. Sin embargo, y a partir de este año, “el Estado sólo pudo hacerlo efectivo gracias a un esfuerzo y a la acción fiscalizadora que está llevando adelante Impuestos Nacionales”, dijo Vargas.
Añadió que el Surtax se cobra cuando existen excedentes por encima de los 270 millones de bolivianos. “Entonces sí se puede aplicar la ley”, apuntó.
Las cifras del gas
La CBH presentó algunos datos sobre este sector de la economía.
Inversión • La inversión en exploración y producción en el primer semestre del 2005 alcanzó los $us 62,5 millones. La inversión en exploración se ha reducido a sólo $us 7,5 millones en ese período. En 1998 la inversión en exploración fue de $us 374,56 millones y el total fue de 608 millones de dólares.
Reservas • El volumen de reservas de gas disminuyó en 3,6 trillones de pies cúbicos (TCF) debido a la falta de nuevas inversiones. Cayó de 52 a 49 TCF en el último año.
Aportes • En el 2004, el sector contribuyó con 409 millones de dólares, de los cuales 286,3 millones son regalías y participaciones, y el resto, otros impuestos directos. El total acumulado de aportes al Estado por regalías y participaciones entre 1997 y 2004 fue de $us 1.335 millones. De cada dólar de ingresos tributarios al TGN, el 31% viene de este sector. Por cada dólar para pagos de salarios del sector público y deuda externa, el 25% es del sector.