Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

“Eso fue advertido aun antes de que la Ley de Hidrocarburos fuese promulgada”, dijo ayer el delegado Presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, al reconocer los problemas para ejecutar la nueva norma petrolera.

Para el Gobierno, la ley tiene otros problemas que no sólo tiene que ver con la migración de contratos. Uno de ellos es el tema de la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el cual será resuelto de manera conjunta con el Parlamento.

De la misma forma, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ramiro Suárez, dijo que espera que hasta el 15 de noviembre se hayan iniciado las conversaciones con las empresas petroleras a fin de evitar posibles arbitrajes.

El presidente de Yacimientos reconoció que es necesaria una postergación, “pero que aparentemente hay sectores que no quieren acceder a esa posibilidad”.

También quedó claro que las negociaciones con las petroleras están sin fecha, porque antes de avanzar en este tema es necesaria la refundación de YPFB.

Mientras esto ocurre a nivel del Gobierno, las empresas avanzan con su parte y ya son cinco las que apelaron a sus tratados bilaterales para la protección de sus inversiones en Bolivia.