No dan en el blanco...
Mario Rueda Peña*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Los candidatos a la Presidencia de la República debieran encargar encuestas que les indiquen en forma idónea qué es lo que la mayoría del pueblo quiere que se haga desde el Palacio de Gobierno a partir de enero del 2006. Naturalmente que sobre el particular es tan largo como temáticamente diverso el petitorio de los “ciudadanos de a pie”. Pero en gruesos caracteres, connotativos de máxima prioridad, hay dos asuntos que marcan extrema prioridad en la lista.

El primero se refiere al restablecimiento pleno del principio de autoridad. La gente no quiere aposentar en la silla presidencial a ningún medroso. Está harta de tipos que en vez de gobernar se dejan regir por sectores minoritarios, pero bien organizados que degradan los derechos constitucionales de manifestación y protesta con prácticas delictivas que agravian a toda la colectividad, perjudicando, además, al propio país. Anhela que el bastón del mando supremo recaiga en manos de alguien que en el marco de la ley no vacile ni un momento en preservar el Estado de Derecho, con paz social y seguridad jurídica.

El segundo alude a los ingresos y empleos. Estos bienes han pasado a reemplazar a los íconos ideológicos y políticos en el horizonte personal de una gran mayoría de los bolivianos. La gente quiere ahora un futuro con mejores oportunidades en tan cruciales frentes. Considera que ambos son inalcanzables si tras las elecciones de diciembre la actual anomia social se dispara hacia arriba. Favorecida, naturalmente, por un gobierno tan débil como pusilánime, que ante el acoso sectorial, por esto y aquello, se limite a retroceder, alzar la manos y decir sí a todo... De ahí que buena proporción de los electores considere dichos asuntos binomio clave para el restablecimiento del principio de autoridad y ejecución de políticas de Estado dirigidas a generar mejores ingresos y mayor empleo, metas a las que no se llega si no hay estabilidad política y social.

En vez de ignorar los temas citados, los candidatos presidenciales debieran asegurarle al pueblo que son parte constitutiva de su paquete de acciones de gobierno. Es de imaginarse lo bien que caería a la masa electoral el postulante que en forma resuelta prometa hacer aplicar la ley a quienes desde el seno de la propia sociedad, atropellen los derechos básicos de los bolivianos a la libre circulación, trabajo e industria, creando condiciones de caos e inseguridad que perjudiquen a todos. Simples enunciados sobre el particular no convencen a nadie. Por eso urge que detallen los procedimientos a emplear para que el Ministerio Público no se haga de la vista gorda ante aquellos hechos, como hasta ahora. Conste que el Procedimiento Penal señala para ello vías que los gobiernos han ignorado deliberadamente, desde 1997 a la fecha.

Constituye también asignatura pendiente la reglamentación del Art. 7 de la Carta Magna. La iniciativa al respecto debe partir del Ejecutivo, donde habrá que enterrar con el voto mayoritario la creencia paleolítica trasladada a los curules desde ciertos lideratos sectoriales autoritarios, de que bloquear y atropellar a los demás no es delito, sino legítimo derecho a la protesta.

En cuanto a ingresos y empleos, no se vislumbra nada firme ni fiable dentro de generalizaciones alusivas al incremento de la capacidad productiva del país. ¿Cómo, en concreto, estructuralmente hablando?

Respecto a dichos temas los actuales candidatos no dan en el blanco, hasta ahora. Pero todavía tienen tiempo para hacerlo...

*Mario Rueda Peña
es abogado y periodista.