• PIQUETE DE HUELGA • En instalaciones de la Central Obrera Boliviana varios funcionarios administrativos del Poder Judicial realizan una huelga en rechazo a la institucionalización.

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El tema fue analizado ayer en sala plena de la Corte Suprema y hoy se volverá a discutir en el plenario del Consejo de la Judicatura. Los tribunales no trabajaron en La Paz y Sucre. No sucedió lo mismo en Santa Cruz, donde la atención fue casi normal.

El Presidente apeló a la Fiscalía General de la República, a tomar acciones "contra quienes impidan el acceso a la justicia", informó ANF.

Ayer, Rodríguez dijo que “quienes impiden el acceso a la justicia, obstruyen el acceso a la verdad y a que se resuelva el derecho a las personas". Asimismo, resaltó la necesidad de institucionalizar el sector administrativo y de apoyo jurisdiccional. En este sentido, dio todo su respaldo al proceso iniciado por el Consejo de la Judicatura y mostró su asombro ante la actitud de los funcionarios huelguistas.

El Mandatario habló de los perjuicios. “Hay situaciones muy importantes que se producen a diario en los tribunales. Las pensiones de asistencia familiar, los problemas penales, hay gente que necesita resolver sus problemas de libertad, entre otros, y resulta francamente inaceptable esta actitud, lamento mucho esta conducta". El perjuicio económico por cada día de paro de actividades, sólo en La Paz, según la Subdirectora del Consejo de la Judicatura, supera los 124.688 bolivianos.

Ana María Murillo, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y Administrativos (Anafuja), dijo que, ante la decisión de las autoridades del Consejo de sancionar a los funcionarios que asumen la medida de presión, “se rompió el diálogo” que estaba en un cuarto intermedio.

Y es que los trabajadores administrativos del Poder Judicial sumaron su rechazo a la institucionalización, a someterse a evaluaciones y a una supuesta reducción salarial, la demanda de ser ascendidos en sus cargos.

El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Héctor Sandóval, dijo que los huelguistas, además de sus exigencias iniciales, piden "que se promocione a los secretarios y actuarios como jueces, o sea promociones internas, y eso no es posible porque se rompe el sistema de carrera judicial".

Agregó que "es necesario continuar" la institucionalización porque lo exigen los Colegios de Abogados, los organismos internacionales, y si "los jueces dan exámenes", los funcionarios también deben ser evaluados.

Los miembros de Anafuja exigían la eliminación de los acuerdos que determinan evaluaciones de desempeño para funcionarios judiciales, y del 082/2005, que establece la aplicación de una nueva escala salarial. Las primeras negociaciones con el Consejo lograron que postergara el plazo de la evaluación del desempeño de septiembre a diciembre de este año, y luego, ante la persistente disconformidad de Anafuja, propuso comenzar la institucionalización con una evaluación, que tampoco fue aceptada por los funcionarios y administrativos judiciales.

Anafuja no aceptó diferir la puesta en marcha de la escala salarial hasta diciembre, pero el Consejo concertaba con el Ministerio de Hacienda el presupuesto 2006 para el Poder Judicial. Sin embargo, el director nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Edwin Aldunate, descartó cualquier posibilidad de incrementarlo. Redacción Sucre y ANF