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La prueba de ello es que no quedó respaldo alguno para cumplir con el pago normal de pensiones a los jubilados, por lo que ahora es el Estado el que corre con esta obligación, incrementando el déficit fiscal en más del tres por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Según informes del superintendente de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), Guillermo Aponte, en el nuevo sistema de pensiones, llamado de Capitalización Individual, se han jubilado ya 2.697 personas. El 85 por ciento es menor de 65 años y el 68 por ciento recibe una pensión superior a 1.200 bolivianos.

Al presente, existen más de 920.000 afiliados, cifra muy superior a la del Sistema de Reparto, los que hasta junio último han aportado 1.806 millones de dólares. Este dinero es invertido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en valores diversos del Mercado de Valores, generando una rentabilidad del 10 por ciento anual, muy superior a la que puede pagar cualquier depósito a plazo fijo.

La rentabilidad obtenida va a incrementar proporcionalmente el fondo de capitalización individual de cada afiliado.

Los aportes de los trabajadores gozan de completa seguridad, debido a que las AFP fueron contratadas a través de una licitación internacional, con la evidencia de que son empresas con sólido respaldo económico y que entregaron al Estado una garantía de 800 millones de dólares, cada una, suma que fue depositada en las bóvedas del Banco Central de Bolivia.

La SPVS realiza un control diario de los aportes que reciben las AFP de los trabajadores, mediante una verificación de sus informes, los que son cotejados con los de la entidad que custodia los valores.

Desde 1997, la SPVS realizó anualmente más de 200 inspecciones de fiscalización a las Administradoras de Fondos de Pensiones, incluyendo a las entidades aseguradoras y agencias de bolsa, y emitió un promedio de 750 resoluciones administrativas por año.