Brasil está reduciendo sus compras de gas natural boliviano. Pasó de comprar 24 millones de metros cúbicos diarios en enero a comprar 19 millones ahora, en una tendencia descendente que se acentuará. En efecto, el gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva acaba de cortar la política de incentivo al consumo de gas natural en su país, porque prefiere que la demanda se concentre en los combustibles no importados. El precio del gas boliviano subirá en 13 por ciento a partir de ahora en Brasil.
Es probable que no se trate de una decisión relacionada con la nueva Ley de Hidrocarburos, sino con la especial crisis política y moral que sufre el gobierno del ex obrero brasileño, pero llega en un momento muy sensible para Bolivia. Ni siquiera Hugo Chávez tiene ahora actitudes amigables hacia Bolivia. Ha decidido comprar soya de Estados Unidos en lugar de la producida en la nación que es la hija predilecta del Libertador.
Parece que Chávez no escuchó hablar de la coherencia. No está solo. (Un petrolero dijo hace poco que no le gustaban los discursos de Chávez pero que le gustaba lo que hacía, mientras que le gustaban los discursos de Carlos Mesa pero no lo que hacía.)
Que el Brasil de Lula no sienta solidaridad con Bolivia, ni la Venezuela de Chávez, es muy grave. Tan grave como la decisión de todos los países vecinos de organizarse en una especie de club de damas decentes del barrio, para decir que harán todo lo posible para no comprar gas boliviano.
El pecado que cometió Bolivia es haber aprobado una ley por la cual exige que las petroleras paguen más impuestos de los que estaban pagando.
Habría que decirles a los países hegemónicos, y también a las damas decentes del vecindario, que la culpa no es solamente de los que redactaron la nueva ley.
Ellos saben, los países hegemónicos, que la ley con la que llegaron las empresas también estuvo llena de irregularidades. ¿Quién peca más, el que comete el error o el que lo corrige?
¿No hay arbitrajes internacionales cuando se trata de una ley demasiado complaciente? ¿Sólo cuando se la corrige?
De nada sirvió que, en su momento, dijéramos que no estaba bien dar tantas ventajas, que no era correcto regalarle a la Enron un gasoducto que había sido construido, a crédito, para YPFB. Nadie protestó entonces. Ahora sí: el país es convocado a tribunales internacionales. El único tribunal internacional que tendría que intervenir en el caso de la nueva ley es la Academia de la Lengua.
¿Quién asume la responsabilidad por haber inducido a los gobernantes bolivianos a matar a YPFB? Hay en el país, medido por encuestas, un sentimiento muy profundo de apego a la empresa petrolera estatal, la empresa que nació tras una guerra.
Y ahora se puede ver que ese sentimiento es no solamente muy honorable, sino que se acomoda a intereses muy contables. Y eso, la gente lo sabe muy bien. Por eso es que ahora, a pesar de todas las presiones, de toda la vergüenza, toda la befa, de todo el escarnio, los bolivianos se atreven a sugerir que se dé un paso más y se nacionalice la industria petrolera. Como si dijeran: ya que vamos a ir presos, pues que sea por algo que valga la pena. Y las viejas del barrio nos miran sin comprender.
*Humberto Vacaflor G. es periodista.
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