La corrupción saca rédito de la autonomía universitaria Ex rectores y docentes de la Universidad San Andrés evalúan el ejercicio de la autonomía y el cogobierno que no permiten mecanismos de fiscalización en el sistema público. El Gobierno no tiene ninguna tuición y la Contraloría está limitada.
UNA IMAGEN DE LA UMSA • Docentes y alumnos de Ciencias Sociales, minutos antes de levantar una huelga de hambre en protesta por el desvío de fondos. Fue el jueves reciente.
El desvío de más de medio millón de dólares en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), un dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) obligado a dejar el cargo admitiendo haber cometido irregularidades, tráfico de influencias para la designación de docentes y administrativos, venta y compra de notas a cambio de favores económicos o sexuales, sueldos que se pagan sin ningún control y al margen de los parámetros del sector público. Ésos son sólo algunos casos del rosario de denuncias que día a día se difunden entre la comunidad universitaria de la UMSA y que pocas veces llegan a conocerse y, menos aún, a sancionarse.
El actual rector de la UMSA, Roberto Aguilar, las ex autoridades académicas hablan de esas muestras de corrupción y de que muchas de ellas se cometen bajo el paraguas de la autonomía, que rige en el sistema de universidades públicas desde 1930, gracias a un referéndum.
La lucha por la autonomía fue una lucha latinoamericana. Se inició en la Reforma Universitaria de Córdova, Argentina, en 1928.
El ex rector Pablo Ramos señala que la promulgación de la Ley Safco, en 1990, y la desnaturalización de las facultades, en 1997, provocaron un descontrol en la administración de los recursos de la UMSA, que día a día repercutió en la calidad de la educación y profundizó el surgimiento de redes, donde docentes, universitarios, dirigentes y administrativos consideran que la autonomía los pone al margen del Estado y las leyes.
La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 185 define la autonomía como la libre administración de sus recursos, el libre nombramiento de sus autoridades, de su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, de sus planes de estudio y la fiscalización del presupuesto que se le asigna. El cogobierno debería constituirse en mecanismo de control y transparencia.
Los dos ex rectores consultados, e incluso el actual, se animaron a poner el dedo en la llaga y aceptar que la corrupción está minando las estructuras universitarias, a vista del Gobierno, que se ve limitado para controlar.
El artículo 190 de la CPE señala que el Gobierno debería tener la tuición de la educación en todos sus grados, a través del ministerio del ramo. Sin embargo, la autonomía le priva de ejercer su autoridad fiscalizadora.
"Actualmente, la autonomía está siendo entendida como una separación total del Estado. La Universidad ya no se considera una institución pública, y es reticente a un control económico", asegura Víctor Hugo Cárdenas, ex docente de la UMSA.
Para el ex rector Pablo Ramos, el punto más delicado y crítico de la autonomía es el del manejo y administración de los recursos económicos.
Los ingresos que percibe ocupan la mayor parte de la planilla salarial y, además, sufre desvíos y malversaciones, según denuncias de los propios docentes y universitarios.
"La Ley Safco le hizo daño a las instituciones públicas, como la Universidad, con la supresión del control previo que se ejercía sobre los fondos desde la oficina denominada de Control de Gestión", explica.
Sin embargo, para Fernando Cajías, ex docente, la Ley Safco libró de la burocracia a los procesos; pero hoy, no está bien aplicada. "Los que auditan se fijan más en los procesos de la norma, que en los resultados", señala.
Por su parte, la directora de la carrera de Trabajo Social, Margoth Saravia —quien se considera autora del descubrimiento del desvío de dinero en esa Facultad y que hizo una huelga para destituir al decano José Bernal— acusa a la descentralización de las facultades y sus unidades de control, como responsables de los malos manejos. "Se cree que autonomía es hacer lo que se quiera", advierte.
Varios universitarios aseguran que la autonomía y el cogobierno están prostituidos y que se necesita una renovación.
El rector, Roberto Aguilar, señala que los procesos son de conocimiento de la Contraloría y las autoridades. Sin embargo, anuncia la creación de mecanismos de control, pese al escepticismo de docentes y estudiantes.
Los hechos
Desfalco • El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Bernal, y la administrativa Gaby Sanjinés están acusados por el desvío de 560.000 dólares, desde 1992. El caso se ventila en la justicia y el Consejo Universitario abrió un proceso.
Corrupción en la FUL • Diego Salazar, el ex secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), en el 2003 fue expulsado del cargo acusado de malversar 200.000 bolivianos. Aún investigan el caso.
Acoso • El docente peruano Víctor Días fue acusado de acoso sexual y como no prosperó la denuncia, él sigue en el cargo.
Salarios altos • La UMSA exige más recursos al Estado, principalmente para pagar salarios considerados entre los más altos del sector público.
“La autonomía sirvió de pretexto para que la Universidad caiga en manos de grupos políticos de presión, vía sus estamentos” (Víctor Hugo Cárdenas, ex docente)
Pese a las deficiencias, para algunos docentes como Cajías, el sistema de control de cogobierno evidenció casos de corrupción con finales ejemplares.