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Ante el evidente ascenso de las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico en el país, vale la pena recordar los preocupantes datos revelados por un último estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), bajo el Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

El estudio señala que en los últimos dos años en Bolivia se produjo un incremento de la cantidad de hectáreas de cultivos de hoja del orden del 17 por ciento. Es decir, de las 23.600 hectáreas que existían hasta el año 2003, el último monitoreo arrojó 27.700 hectáreas. De esta cifra sólo 12.000 hectáreas están permitidas por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988, más conocida como Ley 1008.

Ante este dato, de contundencia científica, Naciones Unidas, a través de sus mecanismos en Bolivia, manifestó su preocupación por la tendencia creciente del cultivo de hoja de coca que si bien no repite las cifras históricas de la década de los años 1990, cuando el país registraba la cuarta parte del total mundial, aun así inquieta por tratarse de la materia prima para la elaboración de pasta base de cocaína.

Ya se mencionó desde este mismo espacio que si bien antes el Chapare concentraba la atención de casi toda la lucha antidroga del país, ahora se incluye la región de Yungas, en La Paz, con el incremento en un siete por ciento del cultivo de cocales ilícitos. Así como la incorporación a la economía de la coca de centenas de familias que otrora eran productoras de cítricos o de café.

Asimismo, en la región del Chapare, a pesar de la persistente política de erradicación de cocales apoyada por las FFAA, el incremento de cultivos de coca fue del 30 por ciento, es decir de 7.300 a 10.000 hectáreas entre los años 2003 y 2004.

Otro registro llamativo fue la verificación de que los cultivos de hoja de coca alcanzaron las áreas protegidas de los parques nacionales, con un incremento del 71 por ciento. Los cultivos de coca se constituyen en cualquier hábitat ajeno al suyo en matas dañinas e invasoras. Para su cultivo se requiere de las extensiones amplias, lo que implica, necesariamente, depredación de bosques naturales.

A todos estos datos se suma que la red de la producción y el tráfico de droga se ha ampliado especialmente en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz. Los últimos operativos han revelado la existencia de fábricas de pasta base de cocaína en áreas urbanas de las ciudades de El Alto y La Paz. En algún caso, de manera sorprendente en pleno centro de la mismísima ciudad sede de gobierno.

Son preocupantes los retrocesos del país en materia de lucha contra el narcotráfico, actividad que parece haber retomado su fuerza paralelamente al proceso de desinstitucionalización del país y de la emergencia social que frenó, en muchos casos de manera inexplicable, la obediencia a la ley por parte de las propias autoridades del Ejecutivo, en la anterior gestión, cuando eran ellos los llamados a cumplirla y hacerla cumplir.

En el cuadro actual, Bolivia va a tener que iniciar un nuevo ciclo de lucha inclaudicable contra el negocio de las drogas. Ya se había avanzado bastante, pero se ha retrocedido. Nadie debiera confundir las demandas sociales y las mutaciones de este país complejo, con su compromiso de acabar con las drogas.