• EL PERSONAL ADMINISTRATIVO • La oficina de identificaciones, en la ciudad de La Paz, es una de las dependencias policiales más concurridas. El 40% de los policías trabaja en oficinas.

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En 1991, la institución verde olivo percibía un ingreso de 133.373.912 bolivianos otorgados por el Tesoro General de la Nación. Ya para el año 2004, este monto se incrementó a 743.327.026 bolivianos.

Según el analista de temas de seguridad Juan Ramón Quintana, si bien los gastos del Estado en seguridad ciudadana aumentaron en los últimos 14 años, la delincuencia no disminuyó su incidencia. “Pareciera más bien que la ecuación se ha invertido: a mayor gasto en seguridad pública, mayor incremento del delito”.

Quintana señala que existen varios problemas por los que el presupuesto de la Policía, a pesar de ser mayor cada año, no es suficiente para trabajar de manera eficiente. En primer lugar, indica que al tratarse de un presupuesto rígido, no puede invertirse los montos en temas de coyuntura y necesidades inmediatas para resolver el tema de la delincuencia. El segundo problema que detecta es que más del 80 por ciento está destinado a pagar salarios. Finalmente, la forma de administrar el dinero que tiene la Policía es otro conflicto. Y es que al no haber capacidad de coordinación estatal en materia de seguridad “el presupuesto termina disolviéndose probablemente en la burocracia”.

El ex ministro de Gobierno Guido Nayar (1998 - 2000) asegura que otro aspecto por el que la entidad del Estado tiene problemas presupuestarios es que 40 por ciento de los efectivos policiales cumple tareas administrativas y apenas 60 por ciento está en las calles. “La Policía no debe ser administrativa. A ellos se los ha entrenado para cuidar a la gente. Los bolivianos no tenemos una Policía para tener autoridades, sino para que ayuden a la gente. Son servidores públicos”.

Nayar apunta que para tener más ingresos es necesario que los efectivos salgan a las calles. “Para recaudar se necesita que la Policía esté en las calles”.

Quintana indica que debido a que un gran porcentaje del personal realiza tareas administrativas, su capacidad de trabajo y despliegue frente a la ciudadanía se debilita notablemente.

El problema del presupuesto de la institución preocupa a toda la ciudadanía, pues, según Quintana, la distribución de los fondos “genera muchas dudas”, ya que los recursos propios y los destinados por el TGN no son transparentados ante la ciudadanía. “Lamentablemente, estas formas de administración no son transparentes ante el Poder Ejecutivo ni ante el Poder Legislativo y peor aún ante la sociedad”.

Waldo Albarracín, defensor del Pueblo, coincide con Quintana al señalar que se requiere que las autoridades de Gobierno hagan viable la transparentación de los ingresos policiales, pues se trata de un aspecto de interés público. Al respecto, Isaac Pimentel, director administrativo del Comando General, señala que esta información es pública.

Algunos costos

Antecedentes • El certificado cuesta 25 bolivianos en la PTJ.

Cédula de Identidad • Tiene un costo de 17 bolivianos.

Licencias • La tipo A cuesta 225 bolivianos. La tipo B tiene un costo de 200 bolivianos, al igual que la tipo C.

Multas • 40 bolivianos por conducir en estado de ebriedad.

    Puntos de vista

“El presupuesto es rígido”

Juan Ramón Quintana.
Analista en seguridad.

“Alrededor del gasto de la Policía hay varios problemas. El primero es que si bien ha habido un incremento sustantivo en el gasto en la Policía en los últimos 15 años, es un presupuesto rígido, que impide introducir la capacidad de mayor respuesta institucional frente al delito. La rigidez es un fenómeno que obstaculiza una adecuada reacción de la Policía frente al delito. El segundo problema es que un alto porcentaje del gasto en la Policía está destinado al ítem de personal. Por lo tanto, hay un margen muy estrecho para destinar a otros ítems que sean fundamentales para el trabajo policial, como por ejemplo infraestructura, vehículos y comunicaciones, entre otros. Lamentablemente, el enfoque en el gasto policial está fuertemente orientado al pago del salario del personal que tienen”.

“Son recursos de interés público”

Waldo Albarracín.
Defensor del Pueblo.

“La contradicción está en que por un lado, la Policía es una de las entidades estatales que más ingresos percibe paralelamente a la asignación que le va a dar el Tesoro General de la Nación. Sin embargo, es una entidad que no tiene la solvencia económica necesaria para solventar sus necesidades. Hay una contradicción que el Ministerio de Gobierno debería aclarar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que esos ingresos no van directamente a la institución? ¿Estamos conscientes que para que cumpla eficazmente su trabajo, la Policía requiere de solvencia económica para costear sus necesidades más básicas? Lo que aquí acontece es que lamentablemente ningún gobierno ha encaminado la posibilidad de abrir un proceso que transparente el destino de esos recursos. Se trata de recursos que son de interés público”.