Cuatro decretos de Mesa sobre tierras, en suspenso El decreto emitido ayer da 120 días para hacer observaciones a las normas firmadas por Mesa. No fueron propuestas por una comisión.
El Gobierno suspendió la aplicación de cuatro disposiciones legales referidas a la temática tierra, hasta que, en 120 días, la Comisión Agraria Nacional (CAN) enriquezca y concerte estas normas con los sectores sociales.
El Presidente y su gabinete de ministros aprobaron por la “vía rápida” el Decreto Nº 28320, que suspende la aplicación de las normas 28140, 28148, 28150 y 28160, aprobadas en mayo por el ex presidente Carlos Mesa para afrontar los conflictos por tierra.
Mesa Gisbert, al asumir su mandato, el 17 de octubre del 2003, prometió reorientar las políticas de tierras y poco antes de que finalizara su gestión aprobó un conjunto de disposiciones agrarias en ese sentido.
Uno de los decretos, el 28140, establece la “propiedad forestal”, por la cual los barraqueros del norte amazónico (norte de La Paz, Pando y noroeste del Beni) y concesionarios forestales de Santa Cruz podrán convertir sus concesiones (de dotación temporal y condicionales) en propiedades definitivas.
El Decreto 28148 transfiere las competencias del proceso de saneamiento y titulación de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a las direcciones departamentales del INRA y permite que el saneamiento lo realicen empresas privadas, formadas para este fin.
El decreto emitido ayer, firmado por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, fue producto de una revisión simple que estableció que las disposiciones de Mesa no fueron propuestas por la Comisión Agraria Nacional (CAN), como lo establece la ley.
En un plazo de 120 días la CAN deberá presentar los informes técnicos y jurídicos de las normas observadas. Si no lo hace, éste será abrogado y los otros repuestos.
Observaciones
El 28140 • El decreto establece la propiedad forestal: los barraqueros podrán convertir las concesiones de tierra en propiedades definitivas.
Empresas privadas • Otro decreto, el 28148, transfiere las competencias del INRA y autoriza crear empresas privadas para el saneamiento.