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Hay algo de injusticia, sin embargo, en los juicios que se hacen acerca de la Aduana. En efecto, el trabajo que debe realizar es muy difícil, no solamente por la extensión de las fronteras, sino también por la intromisión de políticos y de autoridades.

Hasta hace poco, los partidos políticos que llegaban al Gobierno tomaban control de la Aduana para beneficiarse con las recaudaciones irregulares. Llegó un momento en que uno de esos partidos propuso que los recursos de esa procedencia se dividan en tres partes iguales: para el director, para el partido y para el fisco. Esas prácticas en evidencia o han desaparecido o han disminuido, pero lo que no cambia y se mantiene vigente es aquella política permanente de intromisión de parte de los gobiernos en la Aduana y que, en consecuencia, debilita el trabajo de esta institución e incentiva al contrabando.

En efecto, cuando se aproxima diciembre, los gobiernos optan por decretar la amnistía para la regularización de los papeles de los vehículos que han entrado de contrabando durante todo el año. El propósito de los gobiernos es recaudar recursos para cubrir los gastos de aguinaldo.

Pero el resultado de estas medidas, que siempre son anunciadas como la última, es que el contrabando de vehículos se incentiva, pues todos saben que en algún momento llegará la amnistía.

La medida viene a perdonar a quienes burlaron a la Aduana mediante diferentes métodos, incluido el soborno de sus funcionarios. Es el Estado el que desautoriza con estas amnistías el trabajo de la Aduana, pues legaliza bienes introducidos al país mediante métodos ilegales. Pero no son solamente vehículos lo que entra por las fronteras de manera ilegal. Productos de los cinco países vecinos ingresan a Bolivia contando con el hecho de que aquí existe, de facto, la política del arancel cero.

A las autoridades nacionales les resulta muy difícil pedir a sus pares de países vecinos que hagan algo para frenar este flujo, pues sus gestiones son replicadas con el argumento de que Bolivia debe controlar su propio territorio.

Son decenas de miles los contrabandistas y los comerciantes que trabajan con esos productos. Más de una vez, los “comerciantes minoristas” han argumentado que ellos se dedican a esa actividad porque no tienen otra cosa que hacer. Que si hubiera trabajo no estarían cometiendo este delito.

Lo cierto es que esta combinación de factores políticos, fiscales y sociales, hace que la labor de la Aduana Nacional sea muy difícil. El nuevo Director nombrado por el Gobierno Nacional debe saber que sus atribuciones legales son unas pero que en realidad su institución está limitada por todos los factores mencionados.

Pero éste podría ser el momento oportuno para cambiar las cosas, pues el contrabando destruye la industria nacional, está matando al comercio legal y ha convertido al país en un territorio de paso libre de mercaderías ilegales.