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La Superintendencia de Hidrocarburos reconoció que, por diversos factores, resulta cierto que existe una situación de emergencia en el abastecimiento de gas natural, lo que pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios públicos de transporte y de distribución de este energético, con el consiguiente riesgo para los consumidores.

Una de las causas para que esto ocurra es el efecto invernadero global, que dio lugar a un largo período de sequía en el país, cuya expresión crítica se refleja en una rebaja considerable del nivel de aguas en los embalses, con la consiguiente reducción en la capacidad de producir energía eléctrica.

Estas plantas, con la finalidad de mantener la normalidad en el suministro de energía eléctrica, han recurrido al gas natural para poner en funcionamiento sus instalaciones.

Otro motivo para que se haya producido un aumento en el consumo de gas en el sector industrial es el hecho de que, por el repunte de precios en el mercado internacional, el aparato productivo incrementó sus operaciones, con la consiguiente elevación en la demanda de electricidad y de gas natural.

Ocurrió también que, en forma coincidente, el Gobierno Nacional adoptó políticas agresivas en materia de sustitución de la matriz energética, a partir del incentivo a un mayor consumo de gas natural por parte de la población, para reducir el consumo de hidrocarburos líquidos, como la gasolina, el diesel y el gas licuado.

Este proceso, encaminado a lograr un mayor consumo de gas natural en el país, con el propósito de aprovechar intensivamente la enorme riqueza que se tiene del energético, colmó la capacidad de transporte del Gasoducto al Altiplano. Por esta razón, se vio la necesidad de construir un nuevo gasoducto. La empresa transportadora Transredes informó a La Razón que completó la ejecución de la primera parte del respectivo proyecto, con la instalación de estaciones de compresión en Oconi (Cochabamba) y en Sica Sica (La Paz).

La segunda fase del proyecto, empero, quedó paralizada. Transredes dice que no puede captar el financiamiento necesario, porque las empresas productoras de gas se niegan a firmar los contratos de aprovisionamiento que exigen los financiadores para tener la garantía de las amortizaciones. Al respecto, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos emitió un comunicado, el 2 de septiembre, en el que explica que tanto ella como sus afiliadas, han advertido insistentemente, desde mayo pasado, cuando se promulgó la Ley de Hidrocarburos 3058, que ésta, “debido a su naturaleza y contenido, inviabiliza la suscripción de nuevos contratos de comercialización de gas natural y, por lo tanto, impide nuevas inversiones en la ampliación de capacidad de producción y del transporte de hidrocarburos”.

Es una ironía que en un país como Bolivia, con grandes reservas de gas natural, tengan que aplicarse racionamientos de energía eléctrica y del energético. El Gobierno tendría que examinar la situación y ver si no hay negligencias y conductas improcedentes.