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El consenso de los parlamentarios, sobre la ley, era a favor de elevar la carga tributaria de las empresas petroleras a 50 por ciento, con lo cual se habría de reconstruir el esquema de división igualitaria fijado por los "contratos de asociación" anulados por la anterior norma. Pero no era conveniente subir la regalía hasta 50 por ciento porque los contratos fijan esos porcentajes como inamovibles. Cambiar la regalía era dar a las empresas el arma para que aleguen violación de los contratos. Sólo se podía crear un nuevo impuesto, que es lo que se hizo con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El primer error fue haber fijado un impuesto para todos los campos, con lo cual los más pequeños quedaron virtualmente desahuciados. Los detalles de la nueva ley que desalientan la inversión son muchos más. La Ley de Hidrocarburos deja al país en la situación de no poder garantizar ni siquiera el incremento indispensable de los volúmenes de producción para atender los compromisos de exportación.

En el otro escenario, la ley propuso una distribución de los ingresos del IDH diferente a la fijada por la Ley de Participación Popular. Con esta última, es evidente, que los municipios del país registraron grados de progreso inocultables.

La nueva Ley de Hidrocarburos asignó —a diferencia de la de Participación Popular— porcentajes fijos a los nueve departamentos, dividiéndolos entre productores y no productores. Pero como la asignación tomaba a todos los departamentos como iguales en población, surgieron situaciones de inequidad muy grandes.

Es cierto, el departamento de Pando merece un tratamiento especial, a fin de que pueda avanzar en su integración al resto del país. Lo mismo se podría decir del Beni. Pero esos casos deberían ser tratados mediante leyes y argumentos diferentes, contra los cuales ningún boliviano podría tener objeciones. Un argumento podría ser que, así como las utilidades de Comibol fueron usadas para alentar el desarrollo de Santa Cruz, las del gas tendrían que destinarse a la incorporación de los departamentos amazónicos. Pero ése fue un argumento que no se utilizó, porque se trataba de distribuir los recursos del gas también a departamentos ya integrados, aunque con grandes dificultades de desarrollo económico, en la zona occidental.

Así, resultó que los parlamentarios propusieron una ley que casi castiga a los productores, tanto que propone fórmulas de "compensación" para aquellos casos (previstos) en que reciban menos que los no productores. Todo esto muestra que la Ley de Hidrocarburos fue hecha con demasiada prisa. No se hacen leyes buenas en las calles, como ha quedado demostrado ahora.

Mientras se daba este debate, Bolivia no estaba asegurando que cumpliría con las metas del Milenio, para beneficiarse con importantes recursos de la comunidad internacional. Reducir la pobreza ha sido la asignatura pendiente entre los que elaboraron esta ley que no se aplica todavía del todo, pero ya causó muchos problemas en las regiones y ante todo, al país.