Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El fallo del Tribunal Constitucional es inapelable y se apega a lo señalado en el artículo 60, párrafo VI, de la Carta Magna.

En ese contexto, el Congreso deberá cumplir con la resolución y sancionar una ley donde se establezca la redistribución de escaños de acuerdo a la nueva realidad demográfica del país. Es decir, los departamentos que hayan experimentado crecimiento poblacional se verán beneficiados con un número determinado de nuevos parlamentarios, mientras que las regiones que hayan sufrido disminución de población perderán escaños. De acuerdo al Censo del 2001, los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba aumentaron su población respecto de la muestra censal de 1996, mientras que La Paz, Potosí y Oruro disminuyeron demográficamente.

El fallo ha provocado más de un descalabro político y reacciones regionales que van en contra del orden constituido y que amenazan hasta con la desobediencia civil, hechos que en la actual coyuntura serían un atentado a la democracia.

La determinación del Tribunal ha traído consigo evidentes connotaciones legales, constitucionales, políticas y regionales. Pero representa un mandato constitucional de carácter obligatorio. Afecta e indispone a algunos departamentos que se resisten ahora a perder escaños en la Cámara de Diputados, y han anunciado todo tipo de medidas para evitar que se haga tal reducción. Si bien con esa actitud defienden a sus regiones, también amenazan con desacatar la ley.

La Corte Nacional Electoral, tras conocer la determinación, manifestó su disposición a sujetarse a las determinaciones del Congreso y señaló que no existiría problema alguno para mantener el 4 de diciembre como fecha para el desarrollo de las elecciones nacionales, si el Parlamento actúa con prontitud. El órgano electoral, tras la sanción de la nueva ley, debe reconfigurar las circunscripciones departamentales.

Sin embargo, es el Congreso quien nuevamente tiene la tarea de dar señales de estabilidad y gobernabilidad al país. Como lo hiciera en julio posibilitando el proceso de transición gubernamental. En la discusión de la ley modificatoria deberá convocar más el cumplimiento y el respeto a la ley para garantizar así el proceso electoral detenido. Se espera que prime la madurez democrática y los acuerdos políticos, por encima de argumentos partidarios o demandas regionales.

Es evidente que el fallo del Tribunal Constitucional llega en un momento particularmente crítico para Bolivia y sus implicaciones llevan a imaginar una baraja de escenarios que discurran de un sentido opuesto a otro y que podrían generar un clima insospechado de incertidumbre. Pero se deberá mantener la calma y el optimismo en pro de la estabilidad política de Bolivia. Corren horas determinantes para el país.