Tres autoridades y 6 reos van a un juicio por la fuga Tomás Molina, junto al Director Administrativo del Ministerio de Gobierno y el Gobernador de Chonchocorito fueron imputados por incumplir deberes y favorecer a la fuga. Los recapturados serán procesados.
DE SALIDA • El equipo de fiscales, que realizó la investigación que determinó la imputación, se retira del penal de Palmasola.
El director Nacional de Régimen Penitenciario, Tomás Molina, será enjuiciado por el delito de incumplimiento de deberes en el caso de la fuga de 24 reos del penal de Palmasola, ocurrida el 22 de septiembre. De acuerdo al artículo 154 del Código Penal, podría ser sancionado de un mes a un año de cárcel si es que durante el proceso judicial, se le comprueba su responsabilidad.
El fiscal del Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, presentó ayer una imputación formal contra otras dos autoridades y los seis reos que fueron recapturados.
Se trata del director general Administrativo del Ministerio de Gobierno, Carlos Noriega; el gobernador de la Sección de Chonchocorito, teniente coronel Nildo Illescas, y los reos Herlan Cristian Masai, Róger Valda Martínez, Limbert Vargas Íñiguez, Félix Oster Centurión, Juan Carlos Zambrana Valenzuela y Javier Cabrera Gonzales.
Noriega deberá responder por el delito de incumplimiento de deberes, Illescas por favorecimiento a la evasión y los recapturados por evasión, lesiones graves y gravísimas.
Estos delitos según los artículos 154, 180, 270 y 271 del Código Penal, que sancionan con prestación de trabajo de un mes hasta nueve años de prisión.
El director regional de Régimen Penitenciario, Juan Paniagua, —sabía de la fuga y no hizo nada—, fue excluido de la imputación.
“Fue este funcionario que sistemáticamente hizo los reclamos en todo sentido al Ministerio de Gobierno, al departamento financiero, a la Dirección Nacional de Penitenciarías para otorgar las condiciones mínimas de seguridad. Los demás omitieron su responsabilidad”.
Según la versión del fiscal Soliz, el tema de la fuga se preveía y nadie hizo nada al respecto.
Sin embargo, Paniagua —quien también fue sustituido de su cargo— admitió, ante los medios de comunicación, que estaba informado de la fuga y no hizo nada sobre el tema, según un informe del Ministerio de Gobierno.
La primera reacción sobre la imputación fue pronunciada por Tomás Molina, quien admitió que hasta anoche no fue notificado, sin embargo, adelantó que asumirá su defensa.
“No tengo nada que ver con el tema de seguridad. La seguridad interna y externa (de las cárceles) es de exclusiva responsabilidad de la Policía. Me parece un exceso por parte de los fiscales”.
El Director Nacional de Régimen Penitenciario aún no tomó la decisión de renunciar a su cargo, pese a un pedido formal formulado por el fiscal Soliz.
Noriega dijo en su descargo ante la Fiscalía que “la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario no presentó las solicitudes de desembolso desde julio de 2005”.
La imputación presentada por la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz en una rueda de prensa, realizada la tarde de ayer en la capital cruceña, fue elaborada en base a pruebas testificales, periciales, inspección ocular, reconstrucción de los hechos en el ámbito de la etapa preliminar de una investigación de oficio que comenzó el mismo día de la fuga.
Los imputados
Tomás Molina • El Director Nacional de Régimen Penitenciario deberá responder por incumplir deberes.
Carlos Noriega • El Director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno por incumplir deberes tipificados en el artículo 154 del Código Penal, con una sanción de un mes a un año de prisión.
Nildo Illescas • El Director de Chonchocorito, por favorecimiento de evasión, tipificado en el articulo 181 con una sanción de 30 días a seis meses de prestación de trabajo. Podría aumentar en un tercio.
Seis reos • Herlan Cristian Masai, Róger Valda Martínez, Limbert Vargas Íñiguez, Félix Oster Centurión, Juan Carlos Zambrana Valenzuela y Javier Cabrera Gonzales, por evasión, lesiones graves y gravísimas tipificados en los artículos 180, 270 y 271 con una sanción de un mes a 9 años de prisión.