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Desde 1982, cuando el país recuperó la democracia, ocho de nueve gobiernos ordenaron 10 planes para encarar el cambio estructural de la institución del orden. Sólo Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) no planteó un proyecto, según una recopilación realizada por el especialista en seguridad, Juan Ramón Quintana.

Los objetivos de los diferentes planes, según Quintana, fueron enfrentar problemas como faltas a la moral y asesinatos; pasando por actos de corrupción como hallazgos de ítems fantasmas y malversación de fondos; narcotráfico, complicidad de policías en actos delictivos y motines policiales; además de la creciente ola de inseguridad ciudadana.

Cinco se solucionaron con el cambio del Alto Mando policial, tres con medidas parciales que llevaron a la depuración y uno con un proceso penal contra los efectivos que cometieron asesinatos y abusos en una granja de rehabilitación, en 1989.

Con estos datos, Quintana postula que todos los intentos de reforma policial fracasaron. “Una de las condiciones más importantes para el éxito es la voluntad política”, explicó.

Sólo en los últimos seis años, hay varios casos. En 1999, durante el segundo gobierno de Hugo Banzer, un caso de corrupción por la reincorporación de policías dados de baja de manera irregular, según Quintana, llevó a la firma de un decreto que acabó en depuración.

El 2002, cuando Jorge Quiroga recibió el mando, un acto delincuencial de la magnitud del asalto a la remesa de Prosegur, protagonizado por una banda integrada por al menos dos policías, condujo a un intento de reforma que derivó sólo en el cambio del Alto Mando Policial.

Gonzalo Sánchez de Lozada, motivado por el motín policial de febrero del 2003, que acabó en balacera entre policías y militares, ordenó otra reforma que terminó en una nueva depuración.

El último de esos intentos sigue en marcha. El 17 de noviembre, el ex presidente Carlos Mesa encomendó la conformación de una Comisión Nacional para encarar un proyecto de reforma que será puesto a consideración de la Constituyente, que es el escenario para la reestructuración.

Pese a su retraso de más cuatro meses, ese trabajo tiene un informe preliminar, según lo confirmó a La Razón el ex vicepresidente de la República, Luis Ossio Sanjinés, quien además fue parte del Consejo Consultivo. “Tengo conocimiento de que se ha entregado a este Gobierno un informe sobre el trabajo. La labor aún está en marcha”, informó.

Ariel Mealla, coordinador del equipo técnico encargado de la reforma y además funcionario de la Delegación Presidencial para la Transparencia, explicó que el trabajo está retrasado por varios factores, entre ellos, los conflictos sociales de junio que cambiaron al Gobierno.

“Nos quitaron unos dos meses de trabajo, pero la labor no está paralizada”, dijo. Una prueba de ello, aclaró el funcionario, “es que en pleno desarrollo del proyecto, se vio la necesidad de elaborar encuestas para conocer la mejor manera de enfrentar cambios institucionales”.

Esa labor se ejecuta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Se quiere saber qué clase de Policía se quiere”, explicó Mealla.

Por ello, se definió que las encuestas se ejecuten a nivel nacional, dentro como fuera de la Policía. “Sólo conociendo las opiniones de policías y civiles, se tendrán datos veraces”, añadió.

Sin embargo, otros profesionales que participaron en la reforma aseguraron que ese trabajo también se atrasó por falta de voluntad del anterior Gobierno que pese a que otorgó $us 58 mil, no dio insumos. “No teníamos ni un teléfono”, declaró una fuente.

El subcomandante policial, Héctor Frías, y otras fuentes señalaron que el único autorizado para hablar del tema es el comandante David Aramayo, a quien no se pudo ubicar.