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Así lo percibe el analista económico Gonzalo Chávez, quien advirtió que si se sigue descuidando la economía, ello puede tener efectos muy peligrosos para el futuro del país.

“Creo que se debe empezar a tratar temas a largo plazo como la reactivación económica, aprovechar mejor el contexto externo, impulsar el compro boliviano, desarrollar el mercado interno. Todo eso ha sido postergado de una manera peligrosa”.

Chávez añadió que en el último tiempo nos hemos estado concentrando demasiado en el trabajo político. “Estamos viendo la supremacía de los temas políticos sobre los económicos”, explicó el analista.

Sin embargo, dijo que se debe empezar a dar prioridad al tema económico porque al final “este es el que le da trabajo y comida a los bolivianos”.

“Una vez que la economía se cae al piso, es muy difícil que se pare rápidamente”, explicó.

Según detalló el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, los temas económicos en este Gobierno fueron abordados “con esfuerzo”, aunque otro tipos de factores impiden que se desarrollen de manera óptima.

Ese es el caso del Hospital de Empresas, que deberá esperar hasta la siguiente gestión, “salvo que existiera, hasta fin de año, alguna flexibilización de parte de las entidades bancarias”.

    La turbulencia que vivió el país desde el 2002 frenó, en varios aspectos, el desarrollo nacional.

LA AGENDA ECONÓmica de la gente

El hospital de empresas “fue un fracaso” • A un año de haberse puesto en marcha el programa económico del ex presidente Carlos Mesa (2003-2004), el Ejecutivo admitió el 31 de enero de este año que el programa de reestructuración voluntaria de empresas “fue un fracaso”, según dijo el ministro de Desarrollo Económico de ese entonces, Horst Grebe. En ese entendido, ese gobierno vio la necesidad de hacer una serie de modificaciones a los reglamentos de la Ley de Reestructuración Voluntaria de Empresas que hasta el momento sigue en la agenda pendiente del Congreso Nacional, que en los dos últimos años ha priorizado la agenda política antes que la económica, como en su momento lo admitió el ex presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Arrien (MNR).

TLC • El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Bolivia y Estados Unidos está pendiente, hasta que el país resuelva sus diferencias internas. Así lo hizo conocer durante este mes Charles Shapiro, subasistente interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio Occidental. Desde que se entablaron las primeras conversaciones para este tratado, han pasado 18 meses y Bolivia aún se mantiene como observador y con muy pocas opciones de poder ingresar a este negocio y en este Gobierno ya se han producido las primeras contradicciones, respecto a si se debe impulsar o no el ingreso del país al intercambio comercial.

Contratos del gas • Estos documentos aún no se han elaborado hasta ahora por al menos tres razones, entre las que está el retraso de la refundación de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), la negativa de las empresas a cambiar de contratos y la necesidad de negociar éstas, para evitar procesos legales internacionales que se instalarían una vez que el Estado boliviano esté facultado y capacitado para encarar este proceso.

Refundación de YPFB • La falta de recursos (unos 24 millones de dólares) y la pugna entre las regiones que hasta ahora no mandaron sus listas de postulantes para el nuevo directorio de la empresa estatal están retrasando la refundación de esta empresa y con el cambio de los contratos con las empresas petroleras que según la nueva ley deben dejar 32% más recursos para el beneficio del país.

Matriz energética • La ausencia de recursos económicos está evitando, hace más de 10 años, que se inicie con el proceso del cambio de la matriz energética. Ésta, por ejemplo, implica traer tecnología y personal capacitado para iniciar el proceso de conversión de los motores de los vehículos que usan gasolina o diesel a gas. Siendo Bolivia un gran productor de gas, se espera que este plan se pueda empezar a aplicar a partir de la consolidación del próximo gobierno, a principios del siguiente año.

Reglamento del gas • Según la nueva Ley del Gas, se requiere de 69 reglamentos para encaminarla. El Gobierno, hasta ahora, sólo aprobó seis y los demás están en proceso, sin embargo, esto no se puede hacer si es que no se refunda la empresa estatal.

La minería espera • La administración del presidente Carlos Mesa propuso modificar la alícuota del Impuesto Complementario a la Minería (ICM), lo que significó que las regiones que tienen recursos mineros podrían incrementar sus ingresos por su aplicación. Sin embargo, este planteamiento no prosperó por el cambio de Gobierno. Mientras, la administración de Eduardo Rodríguez Veltzé no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

Las relaciones con chile

Pasado y futuro • El mar, en la agenda bilateral de ambos países, está postergado. Es así que el pasado 15 de octubre, el presidente chileno, Ricardo Lagos, sugirió que si se quiere hablar de ese tema incluso se debería analizar también otros casos similares en la región, porque según dijo: “Texas (EEUU), también lo va a querer reivindicar México”.

Mercado • En la Cumbre Iberoamericana realizada en Salamanca, España, el 15 de octubre, Lagos ratificó a partir de enero el arancel cero inmediato para productos bolivianos en el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22).

Constituyente y autonomía

Asamblea • El presidente de la República, Eduardo Rodríguez, aprobó en su gestión el decreto supremo mediante el cual se convoca a los consejos Preautonómico y Preconstituyente. Este último, que tiene como principal misión el preparar la deliberación que se prevé que se iniciará en junio del 2006. Además, se le atribuye la responsabilidad de ordenar el debate nacional en torno a los grandes temas que deberá considerar. Y es justamente dentro de esos tópicos que se debe analizar el proceso de las autonomías, que se profundizará después de las elecciones de diciembre de este año, cuando también se votará por 9 prefectos.

Saneamiento de tierras

10 años de reforma • La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria fue aprobada hace 10 años, con el principal objetivo se sanear todas las tierras del país. Esa norma daba, además, un plazo de 10 años para que ese proceso sea concluido. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha saneado el 30% del total del terreno y se han iniciado trámites para sanear otro 19%, lo que suma sólo el 49 de un total del 100% que debió concluirse en esta gestión. En este escenario se dieron las recurrentes tomas de tierras o la falta de recursos económicos. Por ello, el actual Gobierno prefiere dejar el tema para el próximo, porque requiere largos procesos de consenso.

La reforma policial

Décimo intento • El pasado jueves, el ministro de Gobierno, Gustavo Ávila, dijo que la reestructuración policial deberá esperar hasta el próximo gobierno porque es un proceso que requiere desarrollarse de la manera más científica y detallada posible. Esta reforma, según lo explicó el Ejecutivo, depende por ejemplo de la conclusión de un estudio de encuestas internas y externas a la Policía, con el objetivo de decidir qué tipo de reforma se quiere. Es así que en noviembre se concluirán estos estudios. Además, a esta gestión no le queda mucho tiempo para aplicar la mencionada reforma que además debe ser analizada en la Constituyente.

La coca de los yungas

Ausencia de consenso • Aunque el Gobierno se ha empeñado en llegar a un acuerdo con las seis federaciones de cocaleros de los Yungas, hasta el momento no ha podido cerrar el acuerdo de seis puntos en la agenda de ambas partes. Entre ellos, por ejemplo, los más conflictivos son el cuartel de La Rinconada, las licencias de comercialización y la coca de Caranavi. Hace tres semanas el Gobierno y los cocaleros estuvieron a punto de sellar un acuerdo con la facilitación del Defensor del Pueblo. Sin embargo, luego de un análisis, los cocaleros se negaron a poner su firma en el documento que ya estaba redactado.

Estrategia nacional de educación

Atraso • La postergación del Congreso Nacional de la Educación, que requiere el acuerdo de todos los sectores involucrados en la cadena educativa, es un problema a resolver. No se realizó por la falta de consensos entre maestros, Gobierno y padres. Es así que el Gobierno decidió avanzar con el Consejo Nacional de la Educación (Coned), que reúne a 47 sectores de la educación nacional, mientras que el congreso será postergado hasta que el nuevo gobierno se posesione y busque acuerdos para realizarlo y garantizar su éxito.

Para la realización del encuentro, según se informó desde el Gobierno, el objetivo era definir los lineamientos de una educación integral.

Congreso nacional de educación

Plan • Ante la ausencia de acuerdos para encarar el Congreso Nacional de la Educación, el Gobierno ha decidido avanzar en la elaboración de una estrategia nacional de educación en la que se exhiben algunas sugerencias para complementar la transformación de la educación que hasta ahora sólo ha llegado a la primaria. Esta estrategia, que tiene una vigencia de cinco años, no podrá ser aplicada de momento por la falta de acuerdos con los maestros y porque su desarrollo se vio interrumpido por los constantes conflictos sociales que el país vivió en este año. Además, se deben buscar el financiamiento interno o externo para su ejecución.

Cumplimiento de los convenios de salud

Compromiso • En mayo de este año, el gobierno del presidente Carlos Mesa firmó un acuerdo con los trabajadores en salud, en el que resalta un incremento salarial y la emisión de un decreto supremo donde se contempla la flexibilización de las condiciones de ascenso de categoría y la reforma del escalafón, esto con el objetivo de que más trabajadores accedan a ello. Sin embargo, hace algunas semanas el actual ministro de Salud, Álvaro Muñoz Reyes, informó que la emisión de ese decreto que debe ser negociado y consensuado con el Ministerio de Hacienda y los trabajadores se dejará para el próximo gobierno ya que se requiere de más tiempo.

Salida de aguas del illimani

Servicio • En enero pasado, el gobierno del ex presidente Carlos Mesa emitió un decreto para la salida de Aguas del Illimani (AISA), tras las movilizaciones protagonizadas por la Fejuve alteña, que acusa a la empresa de incumplir su contrato y dejar sin servicios básicos a varias zonas de El Alto. La administración central decidió que el alejamiento de AISA sea concertado; para ello, adelantó la elaboración de una auditoría integral (administrativa y técnica), que hasta ahora está en licitación. Hace un mes, el viceministro de Servicios Básicos, Eduardo Rojas, dijo que los resultados estarían listos a fin de año y que se necesitarían “unos tres meses más” para definir el tema.

Upea

Recursos • La Universidad Pública de El Alto (UPEA) demanda la coparticipación de los recursos que obtendrá el sistema universitario fiscal por concepto del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), al momento, en La Paz, estos recursos sólo los recibe la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Sin embargo, los estudiantes y docentes alteños protestan para que también les toque una parte de esos recursos. Esta negociación deberá ser encarada entre los componentes de la UPEA y la UMSA, porque el Gobierno prefirió dejar que la solución se encuentre de un proceso de consenso entre ambas instituciones.