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En el pasado hubo un programa que en general resultó exitoso, pero que luego advino en dificultades difíciles de subsanar. Éste fue el caso de Conavi, que dotó de viviendas a miles de empleados y trabajadores. En cambio, el fracaso total fue el de Fonvis, que sólo sirvió para que se registren escandalosos casos de corrupción e inoperancia.

Con estos antecedentes, se ha visto por conveniente no crear organismos burocráticos para la dotación de viviendas. Se optó por la vía más simple y que puede ser, en definitiva, la más positiva. Hacer que los eventuales beneficiarios busquen una casa para comprar, ya sea construida o por construir, y sobre esa base acudan a las nueve entidades financieras facultadas para obtener el subsidio y el préstamo consiguiente.

La premisa, entonces, es excluir toda injerencia burocrática y dejar el programa a la iniciativa privada, tanto en la selección de la vivienda como en la calificación del beneficiario y en el otorgamiento del subsidio y el crédito consiguiente.

Uno de los mayores desafíos del programa está dirigido a las empresas constructoras, las que con la celeridad del caso tendrían que dedicarse a construir viviendas populares y ofertarlas a los futuros beneficiarios. El ministro de Desarrollo Económico, Carlos Díaz, bajo cuya tuición se desarrollará el plan, explicó —en entrevista concedida a La Razón— que, más allá del beneficio directo que se otorgará a los trabajadores, tendrá efectos multiplicadores para el país, pues movilizará al sector de la construcción como pocas veces o nunca ha sucedido. Se calcula que el plan creará unos 17.000 empleos directos y unos 50.000 empleos indirectos.

El nivel de inversión previsto en el programa de financiamiento de vivienda será de 30 millones de dólares anuales, de comienzo se cuenta con un fondo de 45 millones de dólares. Se estará en condiciones de llegar a 10 y 12 mil beneficiarios por año, con la perspectiva de que esta cifra crezca en el futuro.

La estructura financiera del programa está compuesta por el dos por ciento mensual del aporte patronal al Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda. Eso significa que el Estado no hará erogación alguna para ejecutar el plan. La función que tendrá será la de regulador y fiscalizador de las políticas de vivienda, por tanto no comprará terrenos ni construirá viviendas, no adjudicará ni elaborará listas de beneficiarios. Solamente proveerá los mecanismos financieros para facilitar el acceso a la vivienda, en el marco de la transparencia y la eficiencia.

Las condiciones establecidas para optar al subsidio, así como al crédito correspondiente y el interés a pagar por este concepto, son, en buena parte, accesibles para los trabajadores. Todo dependerá de que se reúnan los requisitos del caso y que las familias estén dispuestas a cumplir la obligación a contraer. Con el subsidio el impulso estará dado.