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Cuando la carretera Cochabamba-Santa Cruz que atraviesa la región del Chapare se estaba construyendo, fueron varias las advertencias de técnicos y políticos sobre el trazado de esa obra, además de su financiamiento, que incluyó grandes sobreprecios.

No pasó un solo año desde que se concluyó esa obra que su extensión no haya sido afectada por derrumbes provocados por crecidas de ríos, derrumbes que se han llevado hasta dos veces puentes sobre el mismo río, mientras todo un extenso tramo sigue estando comprendido por una permanente inseguridad.

También, es cierto, la carretera fue cortada más de una vez por manifestaciones de productores de coca ilegal con protestas de todo tipo, incluidas las de naturaleza exclusivamente política. Todo esto en relación a la carretera más importante para la economía nacional, pues conecta a dos departamentos vigorosos de la llamada troncal, pero sobre todo permite el tránsito de productos desde Santa Cruz hasta las vías de exportación del Pacífico.

Cada vez que el tránsito por la carretera es interrumpido, ya sea por la naturaleza o los cocaleros, la vía alternativa es la carretera antigua que, a pesar de eso, jamás ha sido mantenida en vista de los limitados recursos con que cuenta el SNC para esos propósitos. Para hacer el mismo recorrido que por la carretera nueva, el tránsito que usa la antigua se demora el doble del tiempo, precisamente por el pésimo estado en que se encuentra la ruta que se abrió en la década de los años cincuenta.

El país no puede seguir aplicando una actitud tan poco responsable con las carreteras, no importa cuán importantes sean para las exportaciones. Dejar a los ciudadanos a su suerte, para que busquen alternativas a carreteras mal hechas, y que se las arreglen como puedan, es poco digno de un país que necesita progresar con mucha urgencia.

Se ha progresado en la institucionalización de la oficina nacional de caminos y ahora por lo menos los cargos importantes no están sometidos a los arreglos políticos que en el pasado reciente hicieron de esa repartición una de las fuentes más grandes de corrupción.

Pero el camino para resolver estos problemas apenas ha comenzado. Se dan incluso casos de empresas extranjeras que logran la aprobación de obras camineras con sobreprecios muy altos, como resultado de compromisos de compensaciones irregulares a los políticos de turno. Es probable que esas prácticas hayan disminuido en los últimos años, pero los compromisos asumidos por obras hechas en anteriores gestiones se quedan con recursos que ahora serían muy necesarios. Está faltando un inventario completo sobre las obras camineras que se han realizado en el país para establecer cómo es que algunas de ellas han sido tan mal hechas. ¿Hay alguna instancia para que el Estado boliviano sea compensado por malas obras camineras que fueron pagadas incluso en exceso, según los estándares internacionales? Alguien debe responder esta cuestionante.

El espectáculo que dan la carretera al Chapare y la siempre inconclusa Cotapata-Santa Bárbara tendría que obligar a las autoridades a tomar medidas que garanticen que nunca más el país sea víctima de este tipo de manejos irregulares.