Anomia social y política
Ricardo Paz Ballivián*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

La decisión del presidente Eduardo Rodríguez de emitir un Decreto Supremo para reasignar escaños parlamentarios fue una popular, pero mala decisión. Independientemente de la buena voluntad o la sana intención que tenga el Primer Mandatario. No se resuelven los problemas cometiendo más y más violaciones a la Constitución Política del Estado y menos todavía con salidas políticas que no conducen a la solución real y definitiva de la querella.

Si los Comités Cívicos y las Brigadas Departamentales no se pudieron poner de acuerdo en una fórmula que acepten todos, ¿qué le hace pensar al Presidente que su Decreto lo hará de manera definitiva? Y lo que es más importante, ¿si no se tuvo la capacidad para concertar una ley, cómo se hará para obligar al cumplimiento del Decreto? El hecho de que la respuesta ciudadana y mediática haya sido muy entusiasta y auspiciosa no cambia un ápice la situación.

En efecto, tal como sucediera con la convocatoria a elecciones generales y de prefectos, mediante reformas e interpretaciones inconstitucionales de la Carta Magna y con graves omisiones como la del artículo 88 del Código Electoral, lo único que se logra con el Decreto mencionado es dejar pendiente una espada de Damocles sobre el resultado final de las elecciones. Como ya ha sucedido antes, habrá varios agazapados esperando la conveniencia de demandar la inconstitucionalidad del Decreto y por ende echar abajo un resultado electoral adverso.

Y si la demanda llega antes, en las próximas semanas, lo más probable es que sobrevenga un endurecimiento y radicalización de las posiciones encontradas. El Decreto habrá cumplido entonces la misma función que el de un chorro de gasolina lanzado a las llamas.

El Presidente y su entorno podrán entonces alegar que hicieron todo lo posible y lo que estaba en sus manos para garantizar las elecciones generales, salvando así su responsabilidad cívica e histórica, pero al margen de ese magro testimonio no habrán contribuido a la solución…es más, habrán pasado y de la peor manera, a ser parte del problema. Yo entendería que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio temporal de la Presidencia de la República, como él gusta de definirse, se anime a lanzar un Decreto inconstitucional, si es que éste resultara en la solución extrema de una pendencia insalvable, pero no es responsable y casi ininteligible que se realice ese acto como un recurso testimonial.

Si así fuera, la situación es doblemente peligrosa, porque lo que sin duda viene a continuación es la renuncia a la condición de Presidente de la República. Si fracasa el Decreto Supremo ¿Qué otra salida podría tener Eduardo Rodríguez? La hipótesis que subyace entonces es de corte individual y no se conduele del drama colectivo que vive la nación.

En una situación de anomia social, de crisis de Estado como la que vivimos, hacer política es una actividad de altísimo riesgo. Demasiada responsabilidad cargan los actores porque de sus errores, aciertos, precipitaciones o sensatez depende el futuro de la sociedad por muchos años. Construir lleva trabajo, paciencia, mucho esfuerzo y tiempo; destruir puede ser obra del aturdimiento, de la impericia o del egoísmo circunstancial, no necesariamente de la maldad manifiesta.

En las actuales circunstancias no caben los apresuramientos ni los plazos fatales. Sólo hay una manera de resolver la disputa de los escaños y es cumpliendo estrictamente la Constitución. Esto necesariamente a través de una ley que sancione el Congreso conjuntamente la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, prevista para julio del próximo año.

Estamos a tiempo, las elecciones pueden sufrir un retraso razonable de unas semanas y este tiempo precioso nos puede permitir aprobar la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Este es el camino correcto. Insistir en otras vías, aparentemente más heroicas, pero incompletas, sólo prolongará el momento de la definición.

*Ricardo Paz Ballivián
es sociólogo constitucionalista.