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Desde entonces y a partir del inicio de un proceso investigativo en el Ministerio Público, se ha solicitado la presencia de los principales jefes militares para brindar declaraciones informativas con fines meramente investigativos sobre los hechos de octubre del 2003. La Corte Suprema de Justicia determinó, hace un par de meses, la suspensión —sólo en este caso— del secreto militar para posibilitar así conocer información, considerada clasificada, que permita esclarecer aquel pasaje oscuro de la vida nacional. En todo este tiempo, los abogados del Ejército Nacional han alegado una serie de argumentos para evitar que los actuales jefes militares se presenten a brindar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía General, en Sucre.

En un anterior editorial, La Razón había dicho que el objetivo que perseguía la suspensión del secreto militar, en este caso, y la Fiscalía General eran simple y llanamente convocar a los jefes militares a declarar con fines esclarecedores que, además, posibiliten lo que la población civil requiere: un juicio justo a los responsables de los hechos de octubre del 2003.

Ante no sólo la presión que existe sobre los militares sino también el ya prudente tiempo transcurrido desde la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el lunes pasado, finalmente, el comandante general del Ejército, general Marcelo Antezana, ha solicitado al presidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé —en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas—, permiso para presentarse ante la Fiscalía General de la República para que se le tomen las, tan esperadas, declaraciones. En respuesta, y coincidentemente, el presidente Rodríguez, que asistía al acto de aniversario del Ejército Nacional, solicitó vehementemente a los militares hacerse presentes ante el Ministerio Público, para cumplir no sólo con los parientes de las víctimas que reclaman justicia, sino con el país y el esclarecimiento de esa etapa de la historia boliviana. Ahora, tras la solicitud sólo se espera que el general Marcelo Antezana cumpla con su palabra y también con el país, presentándose ante la Fiscalía General.

Por otro lado, lo que también debiera esperar el país es que la Fiscalía General, despojada de todo carácter político, convoque, sin más vueltas, a todos aquellos dirigentes políticos y también sindicales que en aquel momento fueron parte de aquella historia, jugaron roles y hasta, en algunos casos, fueron protagonistas de incitar a la violencia extrema y de provocar también la caída de tantísimas víctimas.

En octubre del 2003 no sólo hubo presencia militar, sino también decisiones de gobierno, determinaciones políticas, órdenes sindicales, intereses de grupo y de particulares. Y ese es un aspecto que la Fiscalía debe tener en claro. Sobre octubre del 2003, los responsables, de identificarlos, deben gozar de un juicio justo y además ser juzgados con la misma vara, ni más ni menos.