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Así lo reveló esa organización, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que destaca que Bolivia tiene un rendimiento judicial que se encuentra en niveles medios con respecto a los países de la región.

Sin embargo, “el sistema de Bolivia no está siendo capaz de absolver el volumen de casos que le ingresan, aunque éste no es muy alto”, explicó desde Santiago de Chile el director ejecutivo de Ceja, Juan Enrique Vargas.

Es así que durante el 2003 cada juez, según el informe, tuvo que resolver un promedio de 439 causas por lo que se efectuaron un total de 33.600 denuncias, lo que equivale a 372,2 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Por este motivo, de los 16 países estudiados, Bolivia se ubicó en el noveno puesto con 2.740 litigios por cada 100 mil habitantes. Lo que contrasta, por ejemplo, con Costa Rica que se situó en primer lugar con 22.911 casos que atender; y con Honduras, en el otro extremo, que se ubicó en el último lugar con 758 litigios por resolver.

El estudio advierte que en Bolivia no hay índices de litigiosidad muy altos aunque tampoco se atiende con celeridad los casos de que le presentan.

Según la metodología utilizada en el estudio, para dimensionar y comparar la carga de trabajo en los sistemas judiciales de cada país, se solicitó información de acuerdo a tres variables: número de causas en los Tribunales; el número de causas terminadas, y de causas pendientes o no terminadas al final de cada año.

Sin embargo, las respuestas recibidas no permitieron levantar información suficiente para un análisis comparativo por años. Ceja advierte que la mayor cantidad de datos obtenidos de los países se concentraron en el 2003. Por ello es que el reporte final tiene a esa gestión como eje.

Empero, según Vargas, en Bolivia no hay grandes problemas de cobertura judicial. Las situaciones más complejas se presentan en cuanto al funcionamiento concreto de las instituciones.

“En términos generales los problemas que presentan no son críticos, pero sí hay áreas que requieren ocupación. Por ejemplo, llama la atención el poco presupuesto que se le asigna al área judicial, la debilidad institucional y de la defensa penal pública, que no tiene recursos suficientes para dar un servicio de justicia de mejor calidad”, explicó.

Vargas ponderó el esfuerzo que realizó el país para gestar el nuevo procedimiento penal.