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La Ley de Hidrocarburos nació con imprecisiones y vicios de origen que hoy parecen manifestarse de manera más contundente con el vacío legal en que ha entrado su aplicación. Aquel referéndum de julio del 2004 —aplaudido por muchos en su génesis, pero desconocido y repudiado después por otros tantos— cargado de intenciones indescifrables, pero que parecían apuntaba contra la inversión externa, dio lugar a una ley más compleja aún, con lagunas y vacíos jurídicos, totalmente politizada e inaplicable.

Es que se puede hacer muy poco ante la demagogia. Pocos son los argumentos lógicos que se pueden exhibir. ¿Quién puede oponerse ante alguien que dice que se están recuperando los hidrocarburos para los bolivianos? ¿Quién puede criticar que las empresas paguen más impuestos? ¿Quién va a decir no a que el Estado boliviano fije precios, mercados y volúmenes de producción? ¿Quién a que renazca YPFB? Nadie que no esté dispuesto a enfrentarse a lo que es una utopía. Nadie que no quiera advertir al país que en dos años se han paralizado las inversiones y se han perdido oportunidades de hacer importantes negocios en el campo hidrocarburífero.

La Ley de Hidrocarburos se elaboró en el Parlamento y sus autores fueron diputados conocidos. Resultó una ley forzada, con deficiencias que se advirtieron desde muchos sectores. De ahí que la norma ha provocado ahora una suerte de enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque para el Gobierno actual existen artículos que no establecen una consecuencia jurídica —las modificaciones de los contratos, por ejemplo— que pueden llevar a las empresas inversoras a iniciar juicios arbitrales que el país los va a perder en cualquier tribunal internacional.

Resulta increíble que los parlamentarios —seguramente porque se van pronto— continúen insistiendo en que los contratos de riesgo compartido se declaren nulos. O peor, que si las empresas no quieren firmar los nuevos modelos de contrato, que se marchen del país. ¿Cuáles nuevos modelos de contratos? ¿No reparan acaso que el conflictivo artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos tiene inconcebibles errores jurídicos?

Bolivia tiene que cumplir con la ley, con todas las leyes. Esto es, con la Constitución, pero también con los convenios de protección recíproca a las inversiones que ha suscrito con casi todas las naciones que tienen intereses en el país y que son leyes de la República. Lo que parece evidente es que con motivo de la "migración", los cada vez más cuestionados parlamentarios están tratando de poner en jaque al gobierno del presidente Eduardo Rodríguez (uno de ellos, coautor de la ley, hace campaña proselitista con amenazas de juicio al Primer Mandatario).

Muchos de los otros, casi en un unísono corporativo, quieren, aparentemente, vengarse del Jefe de Estado por haber resuelto el problema de los escaños, ante la ineficiencia e incapacidad de los propios parlamentarios para hacerlo.

Además, ¿tiene sentido aplicar ahora una ley confusa cuando en un par de meses el país tendrá nuevo gobierno y nuevo Parlamento? ¿Por qué no se considera si convendría más esperar a la nueva gestión, sea cual fuere, en un tema trascendental para el país, sin riesgo de contaminación por las corrientes viciadas del actual Congreso?