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Uno de los grandes temores respecto del próximo gobierno, es la posible presencia de una fuerte oposición parlamentaria que en su caso podría conducir al país a la ingobernabilidad y a la profundización de la crisis. De la manera en que parece plantearse el escenario electoral y dado el posicionamiento político de los principales contendores, más allá de quien resulte ganador, se prevé que quien o quienes no lleguen al Ejecutivo podrían parapetarse en el Congreso para desde allí obstruir la gestión gubernamental.

Pero, cabe recordar que el funcionamiento pleno de la democracia política involucra la presencia y función de una oposición fortalecida, pues ésta no implica solamente el disenso, sino roles mucho más importantes como la alternancia en el poder, la fiscalización efectiva al poder Ejecutivo, la deliberación y el procesamiento de intereses y conflictos en el plano institucional y el propio equilibrio de poderes. El peligro de una disgregación o confrontación en el país, puede ser procesado a través de una oposición responsable y mediante mecanismos democráticos, en la medida en que el gobierno logre administrar las demandas, la participación y los principales componentes de la crisis.

Después de la difícil experiencia de la UDP, en que justamente uno de los factores de mayor desestabilización del gobierno –junto a la crisis económica y las movilizaciones sociales- y que provocó el acortamiento de su mandato fue la presencia de una fuerte oposición, mayoritaria, obstruccionista y claramente no cooperativa con el proceso de crisis que encaraba dicho gobierno; a partir de 1985, se optó por la conformación de pactos políticos y la búsqueda de mayorías parlamentarias para generar gobernabilidad.

El sistema de partidos históricamente está constituido por múltiples expresiones políticas, que eventualmente se alían entre sí, en unos casos conformando alianzas preelectorales, en otros, integrándose en las siglas y candidaturas principales o, finalmente, propiciando pactos políticos postelectorales para gobernar y generar al mismo tiempo mayorías parlamentarias.

Durante estos veinte años de democracia esta ha sido la lógica de funcionamiento del sistema. La generación de pactos y acuerdos condujo prácticamente a la inexistencia de oposiciones parlamentarias fuertes que incidan en la gestión gubernamental, inhibiendo incluso la función fiscalizadora del legislativo.

Ahora bien, con la incorporación del MAS y el MIP en el Congreso el 2002, los actores del Parlamento han comenzado a jugar un importante rol de oposición político-ideológica, y luego, desde la crisis de octubre del 2003, ante la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, la oposición parlamentaria ha logrado socavar el sustento del gobierno de Carlos Mesa, en una coyuntura ciertamente excepcional.

Ahora bien, dadas las características del nuevo escenario, no se prevé la presencia de mayorías absolutas en el próximo gobierno, y también se prevé la presencia de una oposición robustecida. Se espera que dicha oposición sea en primer lugar corresponsable en la tarea de encarar conjuntamente el proceso de crisis; en segundo lugar, encamine su acción a través de los mecanismos institucionales que establece la democracia, y finalmente, se comprometa a impulsar el próximo proceso de reformas estatales que se avecina.

En ese sentido, la próxima elección es solo un paso en la reconstitución del sistema partidario cuya crisis implicó sino un recambio, al menos un reordenamiento de sus componentes, bajo la mirada vigilante de la sociedad; pero fundamentalmente es un paso en la construcción de nuevas hegemonías, en el juego democrático institucional entre el oficialismo y la oposición, entre opciones políticas, en la pulsión por construir un proyecto que impulse el diseño de un nuevo país.

María Teresa Zegada
es Cientista Política.