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La información da cuenta que este monto equivale a la programación de un año de la inversión pública nacional. Es decir, aproximadamente un seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En esos cinco años la economía boliviana también perdió un total de 107 mil empleos, siendo el sector textil y de confecciones el que expulsó más trabajadores, aproximadamente 56 mil.

Los datos fueron presentados ayer por el presidente de la CNI, Eduardo Peinado; el presidente del IBCE, Hans Hartmann; y por el consultor que realizó la investigación, Gonzalo Vidaurre.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la internación de ropa usada sobrepasó las 8.000 toneladas anuales por un valor de más de 40 millones de dólares.

Por esos efectos negativos para la economía nacional, tanto la Cámara de Industrias como el Instituto de Comercio Exterior propusieron que el Gobierno prohíba la comercialización de la ropa usada, como se hace en países vecinos como Perú y Argentina.

El informe fue presentado a poco más de un mes de que fenezca el decreto que permite la importación de esa mercadería y ante la amenaza del Comité de Defensa de la Ropa Usada, que amenazó con asumir medidas de presión si el Gobierno decide prohibir esta actividad.

Según los dirigentes de este sector, esta actividad generaría más de 250 mil empleos. Pese a esta situación, el estudio señala que no son más de 15.300 las personas que trabajan en la venta de este tipo de mercadería.

Ante el posible conflicto que se pueda generar con los importadores de ropa usada, el Gobierno decidió realizar este lunes una reunión con este sector para hacerle propuestas que permitan llegar a un consenso, dijo el viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones, Marco Becerra.

La investigación también recomienda que el Gobierno, a través de la Aduana, ejerza un control más efectivo en el ingreso de esta mercadería. El estudio señala que el Estado se ve afectado con la pérdida de al menos 5 millones de dólares anuales por tributos aduaneros, debido a que el 93 por ciento de la ropa usada que se importa es de contrabando.

Los microempresarios aseguraron que debido a la venta de ropa usada en Bolivia, más de 25 mil talleres en el país se cerraron y existen 120 mil trabajadores que han perdido sus empleos.

El Viceministro de Industria dijo que lo que falta es un reglamento para establecer normas para el ingreso de la ropa usada. Propuso que el empleo que está generando el comercio de la ropa usada se traslade al sector productivo, “para que pueda fortalecerse y así generar mayores ingresos para el Estado". “La industria textil podría absorber todos los empleos que han sido reemplazados por la informalidad”, añadió el presidente de la Cámara de Industrias.

Ante la hipótesis de que la ropa usada es comprada por la gente de escasos recursos, el presidente del IBCE, Hans Hartmann Rivera, dijo que el estudio reveló que el 70 por ciento de la gente que compra la ropa usada es de clase media a clase media alta, mientras que el consumo de la clase de menos ingresos llega al 30 por ciento.

Por ahora, el conflicto está latente. Los importadores y comercializadores de ropa usada afirmaron que no permitirán que el Gobierno prohíba el ingreso de esta mercadería.

Más datos del estudio

Ganancias • Las ganancias promedio que reporta el comercio de ropa usada alcanzan entre el 25 y el 50 por ciento.

Consumo • La oferta está bien posicionada, principalmente por razones de precio, antes que por calidad, origen y estado de las mismas. La gente de clase media compra más estas prendas.

Demanda • Los productos más comprados son: chompas (19%), chamarras (13%), zapatos (14%) y juguetes (5%). Las ferias donde se vende esta mercadería están, principalmente, en el eje troncal.

Fumigación • 8 de cada 10 consumidores de ropa usada no saben si la prenda que compraron fue fumigada.