La oposición en democracia Será imperativo que la oposición actúe con una clara noción de que el vencedor de las elecciones ha sido investido de un enorme poder popular y que, por tanto, le corresponde actuar en consonancia con la voluntad mayoritaria de los bolivianos.
El principio del que se nutre el sistema democrático es el reconocimiento al disenso, a la oposición, por más pequeña que ésta sea. Desdeñarla es simple y llanamente autoritarismo. El rol de la oposición está preestablecido, es ejercer una fiscalización racional de los actos del régimen de turno.
De las elecciones del día 18 ha emergido un gobierno del MAS con la más amplia base de legitimidad, pues captó nada menos que el 54 por ciento del voto popular, pero, al mismo tiempo, ha quedado constituida una minoría bastante representativa. Entre las tres principales agrupaciones ciudadanas y partidos que la integran (Podemos, UN y MNR) reúnen el 42,9% de la votación. Estas fuerzas anunciaron que se ubicarán en la oposición, lo que quiere decir que el futuro esquema político del país está ya diseñado.
Por anticipado, es de suponer que cada una de estas fuerzas tendrá su propia percepción de lo que haga el nuevo gobierno. En todo caso, juntas ejercerán la representación de una parte también importante de la población.
El triunfo notable que alcanzó el MAS, si bien tiene un significado por demás de reconfortante, al mismo tiempo ha creado demasiadas expectativas. Esto puede complicar su gestión de gobierno, como que antes de que haya asumido el poder se le están haciendo ya exigencias desmedidas. Requerirá, entonces, ser tolerante las más de las veces, pero también deberá recurrir al ordenamiento jurídico e institucional para salir airoso de los problemas que se le presenten. Lo peor sería que se muestre vacilante e indeciso. De esto se tuvo, hace poco, una experiencia muy desafortunada.
A manera de fortalecer la gobernabilidad, tendrá también que hacer los esfuerzos necesarios —deponiendo cualquier atisbo de arrogancia o soberbia— para concertar con la oposición en asuntos que pueden ser capitales para el éxito de su gestión.
De darse tales circunstancias, será imperativo que la oposición actúe, a su vez, con una clara noción de que el vencedor de las elecciones ha sido investido de un enorme poder popular y que, por tanto, le corresponde actuar en consonancia con la voluntad mayoritaria de los bolivianos. Ello no quiere decir que vaya a ser complaciente con los excesos, lo que se espera de la oposición es que tenga un comportamiento civilizado. Su tarea fiscalizadora no debe llegar al delirio de oponerse por oponerse, sino antes asentarse en la racionalidad y el equilibrio.
Sería muy grave que tanto el gobierno como la oposición vuelvan a crear situaciones de tensión como las que se han dado en los últimos tiempos. Unos y otros tendrán que hacer conciencia de que es indispensable restablecer la paz en el país. Sólo así se puede gozar de la estabilidad política, social y jurídica que se requiere para acelerar el desarrollo nacional.
La decisión de llegar a las elecciones tuvo que ver precisamente con la necesidad de encontrar una salida a la crisis que estaba dañando gravemente la convivencia civilizada de los bolivianos. Ahora que se ha dilucidado el “empate”, lo que es dable esperar es que el gobierno y la oposición que han aflorado de las urnas actúen en el marco de una veraz democracia.