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De lo anterior se desprende que la inversión pública tiene progresos concretos, lo cual estaría coadyuvando decididamente al desarrollo del país. Este rubro del gasto fiscal es el único mecanismo efectivo que tiene el Estado para impulsar a los sectores de infraestructura, al social, a la producción y a pequeños proyectos multisectoriales. El resto de los recursos está destinado al gasto corriente, que no es reproductivo.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2005 asignó a la inversión pública 4.885,4 millones de bolivianos (es decir, 610,6 millones de dólares). El anuncio de que se ejecutó más del 100 por ciento de ese monto fue hecho por el ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez. De los 4.885,4 millones de bolivianos, el 54,4% (2.659,4 millones de bolivianos) fue invertido en infraestructura, el 27,0% (1.319,3 millones de bolivianos) en proyectos sociales (salud y educación), el 11,2% (549,4 millones de bolivianos) en la producción y el 7,3% (357 millones de bolivianos) en proyectos multisectoriales.

La perspectiva de la inversión pública el 2006 es mucho más alentadora. Por primera vez, desde 1987, cuando se estabilizó la economía, será la más alta. Llegará a 6.190,3 millones de bolivianos, equivalente a 762 millones de dólares, según el PGN aprobado para este año. Este monto representa un incremento del 26,7 por ciento en relación al 2005, con lo que tendrá una participación del 7,3 por ciento en el Producto Interno Bruto.

Es necesario anotar que el crecimiento de la inversión pública para el 2006 en buena parte se debe a la cooperación externa. Los recursos internos ascenderán a 3.266.2 millones de bolivianos, que representarán el 52,8 por ciento, en tanto que el financiamiento externo será de 2.924 millones de bolivianos, lo que constituye el 47 por ciento del total que se prevé.

Otro detalle digno de poner de relieve es que a partir de este año el TGN autoriza a las prefecturas y a los consejos departamentales a ejecutar proyectos de inversión pública sin requerir de la autorización del Gobierno central.

Es de esperar que tal descentralización del manejo de los recursos estatales tenga un buen resultado, pues será la prueba de fuego para las autonomías departamentales. La medida coincidirá también con la nominación de los prefectos en elecciones populares, como la del 18 de diciembre último.

Del total del presupuesto de inversión pública se asigna a Santa Cruz el 18%, a Tarija el 16,3%, a La Paz el 13,6%, a Cochabamba el 12%, a Potosí el 9,1%, a Chuquisaca el 8,1%, al Beni el 5,1% y al departamento de Pando el 2,6%.

El grueso de la inversión se concentrará nuevamente en el sector de infraestructura con el 56,5 por ciento, en tanto que la inversión social será del 24,9 por ciento. El resto abarcará al sector productivo y al gasto multisectorial.