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Tal como se informó en un seminario sobre “El nuevo Sistema de Pensiones, logros y desafíos”, el antiguo sistema de reparto quebró mucho antes de que se efectivice su reforma, en 1996, tanto por razones financieras, técnicas como políticas. El Estado tuvo que pagar, desde entonces, el déficit.

Un sistema de pensiones para que sea rentable requiere que por lo menos 10 trabajadores activos aporten para que un pasivo tenga una renta aceptable. En el año 1996 era de tres por uno, lo que hizo ya insostenible la situación por entonces. En realidad, los problemas de desfinanciamiento se presentaron a partir de la década de los años 70, cuando las pensiones que recibían los jubilados eran muy bajas.

A fin de salvar la situación, se crearon 36 Fondos Complementarios de Pensiones, para incrementar los aportes y de ese modo los jubilados tengan un mejor ingreso. Empero, éstos fueron mal manejados, tuvieron graves problemas, traducidos en elevados costos de operaciones y corrupción.

Al presente, la quiebra del sistema de reparto representa

al Estado una erogación anual de 400 millones de dólares, equivalente al 4% del déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto (PIB). No se habría llegado a estos extremos si acaso no se incumplía, en el gobierno del general Hugo Banzer, con el plazo para el cierre del antiguo sistema.

Aquello dio lugar a que de las 3.036 personas calculadas inicialmente que se debían jubilar hasta 1997, en el 2001 se llegó a 49.054 personas. Otro factor que contribuyó al alto déficit fiscal fueron los acuerdos suscritos en Caracollo y Patacamaya, que establecieron como renta mínima la suma de 850 bolivianos, por encima del salario mínimo nacional, que es de 440 bolivianos.

En un reciente informe, el superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Guillermo Aponte, indicó que hasta junio último existían 920.000 afiliados al nuevo sistema de pensiones, habiendo aportado al Fondo de Capitalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 1.806 millones de dólares. Este dinero está invertido en el Mercado de Valores, generando una rentabilidad de alrededor del 10% anual, muy superior a la que paga un depósito a plazo fijo. Esa rentabilidad incrementa proporcionalmente la cuenta de cada afiliado.

Hasta junio del año pasado, o sea en menos de una década, en el nuevo sistema de pensiones de Capitalización Individual se han jubilado ya 2.697 personas. El 85% con menos de 65 años y el 68% recibe una pensión mayor a Bs 1.200.

El Superintendente recordó también que hay las suficientes garantías para la sostenibilidad del nuevo sistema. Las AFP fueron contratadas mediante licitación internacional y entregaron al Estado una garantía de 800 millones de dólares, cada una, sumas que están depositadas en bóvedas del BCB.

Todo lo anterior hace ver que racionalmente es inviable la pretensión de reponer el antiguo sistema de jubilaciones, salvo que se quiera acrecentar más el déficit fiscal.