Prefecturas, ¿autonomías de facto?
María Teresa Zegada*

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El 18 de diciembre se eligieron por primera vez autoridades departamentales por voto directo. Si bien esta elección resultó un tanto descontextualizada del marco normativo nacional —recordemos que se tuvo que forzar un artículo de la Constitución Política del Estado para viabilizar esta convocatoria— fue la respuesta a uno de los principales conflictos en el país generados desde las regiones.

La elección de prefectos puede considerarse como un primer paso en el proceso de descentralización efectiva de los departamentos; claro que, si aplicamos la simple lógica, resulta extraña la secuencia elegida: primero elegir autoridades departamentales, luego recién consultar a la población si está de acuerdo con las autonomías y, finalmente, sancionar una ley que defina los alcances de la descentralización, al mismo tiempo que regule cómo se elegirán las autoridades y cuáles serán sus atribuciones; la lógica y el sentido común, señalan precisamente un camino inverso, sin embargo no hubo demasiadas opciones. Estamos ahora, ante autoridades prefecturales que gozan de la legitimidad del voto, pero sin una ley clara que establezca sus atribuciones y los límites de su poder; quizás por ello se producen deslices discursivos como aquellos de los prefectos de Santa Cruz y Tarija que de pronto confundieron sus alcances institucionales.

Es obvio que detrás de las autoridades electas, tanto a nivel nacional como regional, existen intereses claros, por lo tanto se trata de relaciones de poder que se materializan en decisiones institucionales y en políticas públicas; estas relaciones resultan conflictivas si además las autoridades responden a visiones ideológicas y políticas distintas o confrontadas. Todos sabemos que existen temas estructurales que van a generar tensiones políticas en el corto plazo como la gestión de los recursos energéticos y el tema de tierras, que sin duda van a provocar disputas entre la decisión gubernamental de introducir cambios estructurales en el manejo de estos recursos y las voluntades regionales de administrarlos de acuerdo a sus intereses, lo cual podría provocar nuevamente enfrentamientos regionales.

La presencia de las actuales autoridades prefecturales responde a una figura transitoria, encargada de generar desarrollo regional y sobre todo traducir los intereses de sus regiones en propuestas para construir un nuevo ordenamiento territorial que responda a las necesidades y expectativas de sus pobladores. En este tránsito, también difícil para el país, no se deben perder de vista los objetivos nacionales y la unidad e integración esta vez, basados en el reconocimiento de la diversidad regional, social y cultural.

Con todo, el único elemento ordenador que permite mediar en estas relaciones es la institucionalidad democrática, es decir las reglas del juego y la normatividad. Por ello la importancia de atenernos a la actual norma constitucional como punto de referencia, porque ella garantiza un mínimo respeto a los derechos y define los límites de la acción política y las luchas de poder. La legitimidad de los actuales prefectos, no los convierte en autoridades de facto, pues accedieron al poder mediante reglas institucionalizadas, y se regirán por ellas mientras se definan las futuras características legales de la descentralización.

*María Teresa Zegada
es socióloga.