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En marzo de ese año, Chile, tras ratificar la Convención de Ottawa, se comprometió con el mundo a desactivar casi medio millón de artefactos de ese tipo en su frontera y deshacerse de una porción importante de su stock almacenado.

La Convención de Ottawa, que rige desde finales de los noventa, le otorga a los países 10 años para el desminado total de sus territorios como un símbolo de respeto por la vida y como un signo de predisposición a mantener lazos de paz y armonía con los países del mundo entero.

En ese contexto, el martes se inició la segunda fase del programa de retiro de las minas terrestres que posee Chile en su extensa frontera con Bolivia, Argentina y Perú. Esta vez fue en las faldas del volcán Llullaillaco, límite fronterizo entre Chile y Argentina. Chile cuenta con aproximadamente 147 campos minados, de los cuales 42 corresponden a la zona fronteriza que comparte con Bolivia, 20 en la primera región y 22 en la segunda región con un total oficial de 22.998 minas sembradas, según reporta la prensa internacional.

Durante el inicio del programa chileno de desminado de su frontera, Michelle Bachelet, en es entonces en su calidad de ministra de Defensa, le recordó a la BBC lo costoso y peligroso del proceso de eliminar los campos minados para su país. Es por ello que probablemente el desminado chileno marcha pausadamente.

Hasta el momento no existe un registro oficial de cuántas minas antipersonales han sido destruidas por Chile en el marco del Tratado para la Prohibición de Minas. Tampoco se conoce nada respecto de las minas antitanques que también existen.

Sea como fuere, la amenaza de las minas antipersonales está aún presente en la frontera y sus consecuencias estarán latentes entre tanto permanezcan sembradas.

Por ello, el Centro de Investigación para la Paz (CIP) del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sostiene que los efectos de las minas no se restringen al tiempo de la guerra. “Las minas, que pueden permanecer activas durante décadas, no saben de negociaciones ni de tratados de paz. Son eternos y eficaces centinelas que no distinguen entre soldados y civiles. Y precisamente son los civiles sus principales víctimas”.

Ya en la primera fase, el presidente Ricardo Lagos había dicho que Chile cumplía con la Convención de Ottawa como “consecuencia de la distensión de las relaciones con los países vecinos”.

En esta segunda fase se espera que la predisposición de Chile vaya más allá de aquella afirmación del 2002, y que el programa de desactivación de las minas se cumpla más que un mero operativo burocrático sino en señal legítima de buena vecindad.