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La culpabilidad o la inocencia son caminos únicos por los que discurren indicios, testimonios y pruebas en una encomiable labor de los administradores de la Justicia, que tienen como misión determinar, con equidad, mesura y equilibrio, de qué lado se inclina la balanza.

El episodio del allanamiento, el jueves, a las oficinas centrales de Repsol-YPF en Santa Cruz deja muchas dudas. Un delito de la naturaleza del que se imputa a la petrolera hispano-argentina no puede quedar impune de una investigación, pero en justicia existe el principio básico de que la acción debe estar proporcionada con la reacción. A estas alturas habría que preguntarse si las proporciones de la acción contra la petrolera fueron equilibradas de acuerdo al grueso de la investigación compilada, más cuando horas antes de que fiscales y policías cayeran contra las oficinas de Repsol-YPF, y después tampoco, se ha determinado aún si el delito imputado es punible por la vía administrativa o penal.

Los responsables de Andina imputados, Julio Gavito, gerente general, y Pedro Sánchez, gerente de operaciones, no dieron hasta el jueves el perfil de evasores de la Justicia. De lo contrario, hubieran puesto tierra de por medio tiempo antes, tanto como lleva rodando la acusación de la Aduana Nacional por presunto “contrabando de crudo”.

Su incomparecencia a declarar en la primera de las citaciones, en pleno Carnaval, había sido justificada con documentos de un viaje previsto con anterioridad a España para preparar la visita del presidente de la compañía, Antonio Brufau, a Bolivia. En la segunda, el jueves, la causa había sido suspendida provisionalmente para decidir la vía por la que discurriría la investigación, decisión luego revocada extrañamente en unas horas por el mismo juez que la determinó.

El presidente Evo Morales ha dicho reiteradamente, más en privado que en público, que no iba a permitir injerencias políticas en el caso. Ayer mismo ha insistido en Santiago que el caso está sólo en manos de la Justicia. Se han sucedido, sin embargo, reuniones, contactos y llamadas telefónicas que parecen estar contraviniendo la voluntad del Presidente.

Urge un análisis apegado a la estricta realidad de los hechos como apoyo incansable a la investigación y el esclarecimiento de la verdad. Las declaraciones de Antonio Brufau tras la visita al país habían supuesto un aval sobre las intenciones de Repsol-YPF y sus ejecutivos en Bolivia, además de un triunfo político pleno de las tesis del partido en el Gobierno: migración de los contratos en la línea de los intereses del país, nuevas inversiones y confianza total en los tribunales de Justicia. “Si hay que pagar por un error, se pagará”, dijo.

Alguien tendría que poner equilibrio. Las reacciones por el modo en que se efectuó el allanamiento de las oficinas de la petrolera se han multiplicado en cadena. No se trata de revisar el fondo, sino la forma. Las contradicciones transmitidas al exterior suponen un golpe a la imagen del país. Por eso se reclama una actuación judicial contundente, pero equilibrada y transparente. De lo contrario, el caso no será sólo una batalla entre Repsol-YPF y la Justicia, sino una guerra en la que Bolivia saldrá perdedora.